El Gobierno central, frente al Supremo: el futuro de los menores migrantes, sobre la mesa

El Gobierno central ha de salir antes de dos semanas del brete en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo lo puso a finales de marzo. El Supremo dictó entonces un auto por el que requería al Estado para que ofreciera garantías en el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores actualmente a cargo de la Comunidad Autónoma Canaria que hubiesen solicitado protección internacional o que hubiesen manifestado su intención de hacerlo. Ahora, el Tribunal ha acordado convocar una vista pública para el 29 de mayo con el fin de que el Gobierno informe de las medidas adoptadas tras su petición.

La Ciudad observa este proceso con cierta distancia en el presupuesto de que la reclamación del Supremo no afectará al mecanismo ya activado para que los menores que se encuentran bajo su tutela puedan ser trasladados a otras comunidades autónomas. El Supremo dictó su auto de marzo apenas ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobase el real decreto que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería. La modificación, convalidada por el Congreso de los Diputados el pasado 10 de abril, permitirá declarar como territorios en situación de contingencia migratoria a las comunidades y ciudades autónomas cuya capacidad de acogida de menores extranjeros se vea excedida, una consideración que activará los mecanismos de reubicación de los jóvenes.

El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ya mostró en marzo su convicción de que la resolución judicial no afectaría a los niños y adolescentes tutelados en Ceuta.

Sin embargo, el Gobierno central ha sostenido que el requerimiento del Supremo no es sino una medida cautelar mientras argumenta que la red estatal de acogida no está concebida para la atención de los menores no acompañados pues, según insiste, las competencias son de las comunidades autónomas.

La información que reclamará el Tribunal al Gobierno el próximo día 29 incluye la precisión del recurso de acogida asignado a cada uno de los menores afectados. El requerimiento plantea que, en el caso de que no existieran recursos suficientes, el Gobierno debe detallar las iniciativas concretas que ha adoptado para obtenerlos.

En este contexto, la fiscal coordinadora de Menores, Teresa Gisbert Jordá, acompañada de la fiscal adscrita, Rosa María Henar, visitaba a finales de abril las fiscalías de Ceuta y Melilla con el propósito de conocer de primera mano la situación y condiciones de trabajo en las que desempeñan sus tareas los fiscales de las secciones de menores de ambas ciudades autónomas.

Durante los cuatro días que duró la visita, las fiscales pudieron examinar el sistema de coordinación con los distintos operadores técnicos, policiales y jurídicos y, en particular, la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en régimen de acogimiento residencial. Además, recorrieron diversos centros de menores, donde se reunieron con sus responsables para analizar los diferentes recursos de protección de menores con los que se cuenta.

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