El convenio único de las sociedades públicas, una aspiración de sindicatos y Gobierno

Acemsa, Servilimpce, Amgevicesa, Emvicesa, Obimasa, Obimace, RTVCE, Servicios Turísticos, Procesa, Parque Marítimo del Mediterráneo, Puerta de África… La gestión de los intereses públicos en Ceuta descansa en buena medida sobre una red de sociedades municipales que emplean, aproximadamente, a unos 1.500 trabajadores.

La idea de reorganizar este sector público empresarial lleva más de una década en la mente de los sindicatos y del propio Gobierno municipal. El propósito de esta reestructuración, muchas veces propuesta y nunca ejecutada, sería el de diseñar un nuevo escenario que permitiera reducir gastos gerenciales y corrientes, favoreciera la homologación de las retribuciones de los trabajadores de las distintas sociedades y recortara los costes de la estructuras directivas de las empresas abriendo la posibilidad de contratar de manera conjunta servicios y suministros.

A lo largo de la pasada década, fueron varias las tentativas de impulsar este plan de reformas, todas ellas abortadas por muy diversas circunstancias. Los sindicatos, sin embargo, no han echado al olvido una propuesta que, a su juicio, servirá para optimizar los recursos públicos y equiparar las condiciones laborales entre trabajadores que, desempeñando tareas similares, obtienen beneficios muy desiguales.

UGT y CCOO, por ejemplo, no han dejado de plantear la necesidad de reconsiderar la estructura de la red de empresas mercantiles públicas dependientes de la Ciudad. Las consecuencias que este proyecto tendría para la regulación de las condiciones laborales y salariales de las plantillas de las sociedades municipales resultan evidentes. “Nuestra propuesta es que se trabaje con dos convenios: uno para la Administración pública, en el que se integrarían los organismos autónomos dependientes de la Ciudad, y otro para las empresas”, explica el responsable de la sección sindical de UGT en la Ciudad, Antonio Ramírez.

El Gobierno, dispuesto

El Gobierno de la Ciudad ha vuelto recientemente a mostrar su disposición a reconsiderar la situación de las empresas municipales y a favorecer la negociación del denominado convenio único. Y esta es la ventana de oportunidad que pretenden aprovechar los sindicatos. Aunque, y en esto coinciden todos ellos, la complejidad del proyecto y la necesidad de abordar cuanto antes la negociación del acuerdo regulador-convenio colectivo de la Ciudad, pendiente de actualizar desde el año 2007, hacen imposible prever un calendario.

“Las sociedades municipales mantienen condiciones laborales distintas, lo que genera diferencias retributivas y sociales que, a la larga, y aparte de suponer unos costes superiores para la Administración, a la larga generan conflictos –explica el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Emilio Postigo- Un convenio único es una oportunidad de unificar condiciones y permitir traslados entre empresas, lo que no deja de ser una forma de auspiciar la promoción de la carrera profesional de los trabajadores.

El espíritu de la reforma perseguida por los sindicalistas es el de garantizar la equiparación entre trabajadores sin perjudicar a aquellos que disfrutan de unas mejores condiciones. “Lo que no tiene sentido es que un administrativo cobre equis en una empresa y el que trabaja para la de al lado cobre dos equis –denuncia el presidente del sector de Administración Local de CSIF, Iván Ramos- Y no es solo dinero, son las vacaciones, las ayudas sociales...”

Acuerdos plenarios

“Al menos, el Gobierno nos compra el relato”. Aunque la institución de un convenio colectivo único para todas las sociedades públicas continúa siendo una de las asignaturas pendientes que los sindicatos atribuyen a la Ciudad, la actitud de las autoridades municipales parece proclive a aceptar la demanda de la representación de los trabajadores.

El pasado enero, el consejero Alberto Gaitán manifestaba en el pleno de la Asamblea su disposición a emprender una tarea que, según sostuvo “no será fácil pero sí posible”.

Esta actitud no es nueva en el Gobierno de la Ciudad, aunque nunca se tradujo en resultados palpables. Ya en marzo de 2010, la Ciudad, CCOO, UGT y CSIF acordaban el inicio de las negociaciones para avanzar hacia la redacción de un convenio único.

Algo más de dos años después, el por entonces consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, se manifestaba todavía convencido de que las conversaciones con los sindicatos acabarían llegando a buen puerto.

El intento más formal de impulsar el acuerdo para cerrar un convenio único para las sociedades municipales tuvo como base el acuerdo del pleno de la Asamblea adoptado el 30 de septiembre de 2015. El mandato de la Cámara ceutí fue el de iniciar un proceso de negociación con las organizaciones sindicales más representativas. La unanimidad de los diputados presentes en la sesión fijó como fecha para la firma del documento el 31 de diciembre siguiente.

El acuerdo trazaba como objetivos del proceso la homogeneización de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores, la elaboración de una relación de puestos de trabajo para cada una de las sociedades y el establecimiento de un sistema de movilidad funcional entre empresas y de un sistema de contratación de personal único.

El informe anual de la Ciudad correspondiente a 2019 elaborado por el Tribunal de Cuentas subrayaba las deudas pendientes con el proyecto de reorganización del sector de empresas públicas. El documento constataba que en aquella fecha todavía no se habían llevado a efecto los acuerdos plenarios del 27 de febrero de 2014 sobre reestructuración del sector público de la Ciudad, del 1 de diciembre de ese mismo año sobre la modificación de los estatutos de las empresas municipales y del que se adoptó el 30 de septiembre.

Pese a la disposición de las partes, habilitar un calendario para iniciar una futura negociación que concluya con la aprobación de un nuevo convenio único para todas las sociedades públicas dependientes de la Ciudad Autónoma no resulta fácil. No lo ha sido, desde luego, durante estos últimos tiempos.

La atención de los sindicatos y el Gobierno estuvo depositada el año pasado en las negociaciones que concluyeron con la firma en diciembre por el Consejo de Gobierno de la Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad, una vieja aspiración de los representantes de los trabajadores.

Una vez cerrado este capítulo, las organizaciones sindicales han puesto su objetivo en la negociación del convenio colectivo de la Ciudad Autónoma, un texto que lleva sin actualizarse desde 2007. “A lo que no estamos dispuestos es a retrasar la negociación del convenio colectivo de la Ciudad por el convenio único -advierte el presidente del sector de Administración Local de CSIF, Iván Ramos- Si se pudieran hacer las dos cosas a la vez, perfecto”.

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