La jueza de Violencia de Género en Ceuta firma un comunicado contra el "colapso" del sistema

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Ceuta, Sara López Rodríguez, ha firmado el comunicado emitido por 91 magistrados destinados en tribunales de Violencia sobre la Mujer en el que advierten -por segunda vez en menos de tres meses- de las “nefastas consecuencias” que acarreará la ampliación de competencias para unos órganos que ya sufren una realidad “precaria”. Si en la carta publicada en marzo -firmada por 135 magistrados- alertaban del peligro, ahora “ya no es solo una previsión: el colapso es inminente”.

La falta de acciones políticas tras su primera llamada de atención les lleva a hacer público un nuevo aviso sobre el “colapso total” al que se verán sometidos los juzgados con competencias en violencia de género a partir del 3 de octubre, cuando entrará en vigor una norma que les obligará a asumir todos los delitos contra la libertad sexual. Es decir, todos los delitos sexuales de los que sean víctimas las mujeres, sean o no cometidos por sus parejas o exparejas. Se incluyen agresiones sexuales, mutilación genital femenina, acoso con fines sexuales, o trata de personas con fines de explotación sexual. Esto supondrá “una sobrecarga del 20% en órganos ya saturados sin medios suficientes ni refuerzos”.

Además, esta nueva manifestación pública supone la reacción de los jueces ante la reciente aprobación -el pasado martes, 3 de junio- de un real decreto para la creación de 50 plazas de jueces y 42 de fiscales dedicadas a reforzar las secciones de violencia sobre la mujer, que se implementarán en septiembre. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dató el incremento “cercano al 50%” respecto al número actual. Los magistrados han criticado “los grandilocuentes anuncios realizados por el ministro -Félix- Bolaños” y señalan que “llegarán tarde o, en muchos casos, ni siquiera estarán disponibles si no se constituyen los Tribunales de Instancia”.

"El 3 de octubre será una fecha negra: la del inicio del colapso judicial en violencia de género, la del inicio del fin de los Juzgados de Violencia contra la Mujer"

Además, aseguran que las plazas prometidas “no son ni mucho menos ese 50%”, ya que “muchas” corresponden a “partidos judiciales -que engloban varios municipios- donde nada se crea”; en otros “se crea una plaza a cambio de agrupar partidos judiciales, con lo que ello supone en cuanto a desplazamiento de las víctimas”. Sostienen que “de las grandes capitales, tan solo en Madrid se crean tres plazas, mientras que en Barcelona, Málaga y Sevilla solo se crea una, y en Valencia, ninguna”. En estas ciudades se comprometió el Gobierno a reforzar los servicios de guardia.

El colectivo profesional mantiene que se trata de una “reforma a coste cero” que “vulnera los compromisos del Convenio de Estambul - sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica- y pone en riesgo la atención integral que merecen las víctimas”. Para los firmantes del comunicado, se está presentado “como una mejora lo que en realidad desborda un sistema ya precario, donde muchos Juzgados no tienen guardias, forense disponible, salas adecuadas o asistencia letrada garantizadas, todo lo cual va a generar espacios de desprotección y supondría un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género”.

Los jueces insisten en que la ampliación de competencia “se impone sin dotación efectiva de recursos, vulnerando la propia Ley Orgánica 10/2022: nada se dice sobre el correlativo y necesario aumento de la plantilla de funcionarios, ni de Lajs, con lo que el embudo será inevitable”. Afirman que esta situación “desmantela de facto la Ley Orgánica 1/2004, que durante 20 años ha sido referente mundial por su atención integral a las mujeres y a sus hijos e hijas”. Creen que “se está legalizando un modelo que rompe con la atención especializada y deja a las víctimas sin protección real”.

Garantizan que al aumento “evidente” de la carga de trabajo que supondrá la asunción de la competencia en violencia sexual, sin importar el vínculo entre víctima y agresor, se suma “el que se deriva de la propia ley Orgánica 1/25 -que ha incluido también en el ámbito civil materias que antes no eran de estos órganos-, mas el que igualmente llegará con la implementación del Pacto de Estado de 2025 y los sucesivos anuncios que se han realizado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre reforma del Código Penal para incluir nuevos tipos penales sobre la violencia vicaria, la violencia económica o la violencia digital, cuya instrucción será igualmente atribuida a las futuras Secciones de Violencia sobre la Mujer.

Todo ello, prosiguen, “se hace bajo la falsa premisa de que se trata de dar cumplimento a una obligación” impuesta por el Convenio de Estambul, y de que se persigue “una respuesta más ágil y rápida al problema de la violencia”. “Premisas que, como decimos, no se corresponden con la realidad”, sentencian. Subrayan que “ni el Convenio de Estambul exige que sean los Juzgados de Violencia sobre la Mujer quienes asuman estas competencias, ni se va a producir esa respuesta más ágil y rápida, sino que se producirá justamente lo contrario, ya que será más lenta, menos cercana, y mucho más estandarizada”.

Todo ello, además, conllevará “una clara infracción de una obligación que sí impone el Convenio de Estambul en su artículo 49, y que es la de que los Estados tomen medidas para que los procesos de instrucción y enjuiciamiento se lleven a cabo sin demoras injustificadas, y con respeto a los derechos de las víctimas en todas sus fases”. También aseguran que se incumplirá con la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en la Resolución número 33 de su Comité, sobre el acceso a la justicia por parte de la mujer, “exige eliminar las barreras geográficas que en muchas veces limitan o dificultan a la misma el ejercicio de sus derechos”.

“Y en este triste panorama que se vislumbra, el 3 de octubre de 2025, fecha de la entrada en vigor de las nuevas competencias, se convertirá en una fecha negra: la del inicio del colapso judicial en violencia de género, la del inicio del fin de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, la del desmantelamiento de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral en materia de violencia de género”, concluyen los jueces, a quienes el Estado no podrá achacar que no lo advirtieron.

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