Los trabajadores de la planta de residuos amenazan con una huelga durante la feria

A las puertas de la planta de transferencia de residuos, uno de sus empleados despedía con la mano a los operarios de Servilimpce que, en el interior de uno de sus camiones, daban la vuelta sin haber cumplido con la labor de descargar la basura en las instalaciones, cerradas entre las 12:30 y las 13:00 horas de la mañana de este martes. La suspensión temporal de la actividad en el depósito de residuos domésticos estuvo organizada por los trabajadores de Urbaser, empresa adjudicataria del servicio, como una nueva llamada de atención al Gobierno local, al que piden que cumpla con su promesa de avalar la actualización de su convenio.

Varios vehículos de la empresa pública de limpieza tuvieron que mantenerse detenidos en la carretera del Hacho hasta que la plantilla de la planta decidió abrir de nuevo las puertas. Es el primer aviso, pero amenazan con convocar una huelga en caso de que la administración siga sin atender a su petición. Lo harán en “fechas más significativas para la ciudad", en las que puedan "ejercer presión”. Aunque sin explicitar el periodo escogido, apuntaron a que tienen sus miras puestas en la feria de Ceuta -entre el 29 de julio y el 5 de agosto-.

“San Antonio ya nos pilla un poco tarde, pero también estaría bien”, apuntó el delegado de personal de Comisiones Obreras (CCOO) en Urbaser, Mohamed Chergui. El sindicato organizó la concentración celebrada a las 12:30h, a la que concurrió una veintena de empleados. Las reclamaciones de la plantilla se dirigieron directamente hacia el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez. Le piden que avale el acuerdo alcanzado entre los trabajadores y la empresa adjudicataria del servicio, Urbaser, de cara a actualizar su convenio. Si necesitan el aval de la Ciudad es porque el servicio se encuentra “en fase concursal”. Es decir, acaba de salir a licitación, por lo que los consensos con Urbaser no servirían de nada en caso de que el próximo contrato se lo lleve otra empresa.

Para evitar contratiempos, la plantilla quiere blindar el pacto a través del aval del Ejecutivo autonómico, del que pretenden conseguir “un documento” donde se explicite que, sin importar a qué empresa se adjudique el servicio tras la próxima licitación, el convenio será actualizado. “Nos reunimos con el consejero y nos dijo que sí, que no había problema, que nos darían la documentación necesaria para que se pudiera cerrar, pero a día de hoy no tenemos noticias”, relató Chergui.

Ramírez expresó hace una semana que la negociación del convenio “es una cuestión que debe resolverse directamente con la empresa adjudicataria". "Puedo entender que no quieran iniciar una negociación cuando en dos o tres meses puede haber un cambio de adjudicatario", dijo en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno del pasado martes. La licitación del nuevo contrato de gestión de la planta de transferencia de residuos domésticos fue anunciada el pasado miércoles, por un valor de 79.164.365 euros y con un plazo de ejecución de diez años.

Con el nuevo convenio, la plantilla aspira a “recuperar poder adquisitivo del 2024”, beneficiarse de la subida del IPC en 2025 y 2026 o que se incorpore a su contrato el plus de toxicidad a aquellos compañeros que no lo perciben. También se contempla una distinción a los empleados de fin de semana y festivos, para hacerse con los pluses. “Tampoco eran muchas aspiraciones, no entendemos que la situación sea la que es”, expresó el delegado de CCOO. “La semana pasada, el consejero dijo que estaba todo solucionado. Bueno, no vemos donde está la solución, a lo mejor se refiere a que la licitación ha salido, se ha quitado un problema, pero nosotros, que somos el problema menor, el más fácil de solucionar, estamos todavía igual”, insistió.

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