Salvadora Mateos: "Nadie me dijo que eso era prevaricar"
TRIBUNALES - MIGRACIONES
La delegada del Gobierno en Ceuta en 2021 sostuvo en su declaración que le dio "tranquilidad" que el fiscal de menores no le dijera "nada" de la "orden" del ministro Marlaska de repatriar a los menores extranjeros que entraron en la ciudad autónoma en mayo de ese año
La delegada del Gobierno en Ceuta en 2021, Salvadora Mateos, declaró ante el abogado del Estado que representa sus intereses en la Audiencia sosteniendo en todo momento que "nadie" la avisó de que su actuación en cuanto a aplicar el acuerdo de 2007 firmado con Marruecos para repatriar a los menores que entraron en Ceuta durante la crisis migratoria de mayo de 2021 podía incurrir en un delito de prevaricación por el que las acusaciones piden un máximo de 15 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, al igual que a la vicepresidenta de la Ciudad entonces, Mabel Deu. También ha mantenido que "la orden" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de utilizar esa fórmula que vulneraraba la Ley de Extranjería o la Convención de los Derechos del Niño de la ONU la recibió al mismo tiempo el fiscal general de menores, quien no le recriminó "nada" en cuanto a la supuesta ilegalidad. Esto es uno de los principales argumentos que le dieron "tranquilidad" para proceder con el retorno de los chavales en contra de las leyes españolas, europeas y de las Naciones Unidas.
El esperado interrogatorio de Mateos comenzó marcado por "una preocupación" expresa de la que fuera delegada del Gobierno durante la crisis migratoria vivida en Ceuta en mayo de 2021 y la repatriación irregular de 55 de los más de 1.000 menores que entraron en la ciudad entonces y que fueron retornados en agosto. La mujer temía "no acordarse de todo", pero ayudada de su letrado detalló varios puntos clave en el juicio. Estos fueron, al menos: que no recibió una asesoría sobre si su actuación entonces podía constituir un delito de prevaricación, los problemas de comunicación que tuvo con varios de los agentes clave al estar enferma de Covid días antes de la devolución, el conflicto diplomático de esos meses que desencadenó la apertura de la frontera por la parte marroquí y la delegación de las competencias en el Ministerio del Interior -en lugar de en el de Derechos Sociales y Agenda 2030, que tenía esa potestad-, además del hecho de que creía que estaba acatando "órdenes" directas del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Mateos recordó que "lo primero que hizo" desde el 17 y el 18 de mayo fue "hablar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ayudar" y ponerse en contacto con la vicepresidenta Deu y con el superior de esta última, Juan Vivas, para ofrecerse "para todo": "Quise siempre colaborar y ayudar. Cuando recibí la petición de la Ciudad diciendo que veían una vía mejor para el retorno de los niños a su país según el acuerdo de 2007 con Marruecos mandé un escrito para comunicarlo a Madrid, al secretario de Estado de Seguridad -Rafael López-, y empezamos a trabajar", comenzó.
Era "un momento difícil", de acuerdo con la exmandataria, por la ruptura de relaciones con Marruecos, país con el que entonces "solo podía hablar el ministro de Interior" -señaló, sin dar su nombre-. "Era la única persona que tenía contacto con Marruecos por temas de seguridad, policía, estrecho, llegadas a Ceuta... especialmente por estar en pandemia". A finales de julio y principios del mes siguiente, Mateos se encontraba en la península para celebrar sus "bodas de oro", pero volvió el 7 de agosto a Ceuta porque tenía que dar una rueda de prensa. Ya se encontraba "mal", con "39 de fiebre", y poco después le confirmaron que tenía Covid. A partir de ese momento solo atendió por teléfono a todos los actores, y el día 10 recibiría la "orden" de Fernando Grande-Marlaska para comenzar después con la repatriación en base al acuerdo bilateral suscrito con Marruecos en 2007.
"Me dio tranquilidad que el fiscal de menores también hubiera recibido el escrito y que luego no me dijera nada", se defendió sobre el punto clave. "No sé por qué se aplicó el acuerdo de 2007 y no la Ley de Extranjería", confesó, aunque cree que "no podía aplicarse" esta última porque "nunca" recibían comunicaciones por escrito del vecino país, un trámite necesario con respecto a la información que necesitaban las autoridades españolas para recabar datos de los menores a los que luego enviarían allí. Hasta septiembre de 2022 no recibió un mensaje oficial del Reino de Marruecos asegurando que "los niños estaban bien".
"También sabía que en Interior había una persona más que hablaba con Marruecos aparte del ministro -el secretario de Estado-, y hasta el Rey de Marruecos había dicho que necesitaba que los niños volvieran". No lo vio, según sostuvo, 'sospechoso', por lo que se puso en contacto con "el único interlocutor" de confianza en el vecino país, el jefe de gabinete de la Delegación de la vecina provincia de Rincón, con quien había trabajado anteriormente, y también con el cónsul de España allí. A este último le pidió que confirmara los medios de acogida que tendrían los menores al otro lado, y además estos dos le trasladaron que "los padres de los niños los estaban pidiendo" en la frontera, un argumento que le pareció suficiente para seguir con el procedimiento que luego se demostró ilegal.
"A las dos horas me dijo el cónsul que el centro de acogida era enorme, con una zona para mujeres maltratadas, otra para niños de la calle y otra zona para los niños que habían entrado en Ceuta", ha asegurado Mateos, un extremo que también la tranquilizó. De la misma manera, también la información que le dio la Ciudad de que había oenegés contratadas como Save the Children, algo que la hizo confiar.
Al día siguiente, y siempre en la línea de "mayor seguridad" para ella, convocó una reunión en la frontera -en el lado español- que tenía como objetivo que "todo se desarrollara bien" y a la que asistieron su jefe de gabinete -J.H.- y el secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta -I.K.-, este último en su representación. Mateos ha explicado que ninguno de los dos le dieron traslado de las quejas que in situ hizo la jefa del Área de Menores, Antonia Palomo, como tampoco le dijo "nadie" después que "eso era prevaricar". Para la exdelegada, "todo estaba perfecto", y según su testimonio, Marruecos también entendió la rapidez del mecanismo y "pensó" que se iban a empezar a repatriar aquel 11 de agosto, de ahí que ya hubiera autobuses preparados ese día.
"El ministro dijo que eso estaba bien y me fie, y lo importante es que los niños querían estar con sus padres", concluyó, antes de negarse tras un receso a contestar a las preguntas de las acusaciones.
