El Gobierno propondrá destinar 7 millones a Ceuta para abordar la acogida de menores migrantes

Finalmente será este viernes la esperada Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se ultimaran los detalles para la reubicación de 4.400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta hacia las comunidades autónomas que cumplan los criterios a juicio del Ejecutivo Central después de conocer las cifras de ocupación en cada territorio. Además, según pudo confirmar este diario con la consejería de Presidencia, el Gobierno propondrá una distribución “extraordinaria” de 22 millones para el archipiélago (8,5), la ciudad autónoma (7) Melilla (4,5) y Baleares (2), las zonas más colapsadas de niños solos extranjeros ahora mismo en sus centros.

Con la sombra de los recursos de diferentes comunidades autónomas al Tribunal Constitucional, los territorios del Partido Popular deberán volver a sentarse ante la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La última Sectorial el pasado mes de mayo fracasó y suscitó duras críticas por parte de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

En el encuentro, Rego ultimará los últimos flecos del acuerdo y explicará a los líderes de las diferentes comunidades autónomas los protocolos y procedimientos que se deberán llevar a cabo para garantizar el traslado de los niños extranjeros a los centros de las comunidades autónomas menos tensionadas cuando algún territorio esté en situación de contingencia migratoria.

Precisamente ese protocolo será aprobado tras la Sectorial por el Consejo de Ministros después de haber sido expuesto públicamente durante un mes. Europa Press confirmó este martes citando fuentes ministeriales que en julio planean llevar a cabo otra Conferencia para abordar el asunto. Verano era el compromiso que se había marcado Rego para la reubicación de los 4.400 niños. Los presidentes de Ceuta y Canarias, Juan Vivas y Fernando Clavijo, respectivamente, confían en que se lleve a cabo para poder ‘respirar’ después de meses con el ‘agua al cuello’.

En teoría, los millones que propondrá distribuir el Gobierno dentro de esa distribución “extraordinaria” no forman parte del anunciado fondo de contingencia de 100 millones para apoyar en el traslado de los menores a otras comunidades autónomas.

Ese fondo de 100 millones de euros que anunció el Gobierno es un crédito extraordinario adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, aprobado en marzo de 2025. Tiene como objetivo también apoyar a las comunidades autónomas para la atención y redistribución de menores migrantes no acompañados, especialmente para aliviar la carga que soportan territorios como Canarias y Ceuta.

Su reparto se hará según criterios objetivos vinculados a la capacidad de acogida territorial, basada en población y número de menores atendidos

La postura del PP parece no haber cambiado desde el pasado mayo, al menos públicamente, por lo que no se esperan novedades ni entendimiento por parte de los de Núñez Feijóo, a pesar de gobernar y cogobernar en los territorios más colapsados (Ceuta y Canarias) y en los que la situación no puede alargarse por mucho más tiempo.

A pesar de ello, al ser aprobado el Real Decreto en el Congreso, cuando el Gobierno dé luz verde a su activación no le quedará más remedio a las comunidades autónomas más “rebeldes” que aceptar a los niños. Al menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie y, contra todo pronóstico, les otorgue la razón.

10 comunidades han recurrido -o anunciado que recurrirán- al Constitucional

Castilla-La Mancha, Aragón, Madrid, Murcia, Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, Andalucía y Castilla y León han recurrido el reparto ante el Constitucional o han anunciado que lo harán. La última en sumarse fue la comunidad que lidera Emiliano García Page (PSOE), que anunció el pasado 10 de junio que llevaría la reubicación ante el Tribunal que preside Conde Pumpido. Las comunidades autónomas alegan, entre otras cosas, que el traslado de los niños extranjero choca directamente con las competencias de los territorios, que son responsables de los menores. Además, se quejan de que los criterios “no sean objetivos” al haber destinado a Cataluña un número de niños anecdótico por haber necesitado los votos de Junts para sacar adelante el Real Decreto.