Con discapacidad y tirada en el suelo de su casa tres horas por los “pocos recursos” de emergencias

Una mujer de 56 años, con movilidad reducida y una discapacidad reconocida del 89%, permaneció tirada en el suelo durante tres horas desde que su familia llamó al 112 hasta que el personal adecuado pudo asistirla para levantarla de manera segura. Su hija, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha denunciado públicamente el incidente para denunciar los “pocos recursos” con los que cuenta la empresa a cargo del contrato para la atención de personas con discapacidad en situaciones de emergencia, Avalop Servicios XXI, que cuenta solo con un trabajador en turno matutino y dos en turno de noche.

El incidente ocurrió en torno a las 11:30 de la mañana del pasado jueves. La hija relató a este diario que tras la caída de su madre intentaron levantarla varias personas de la familia sin éxito debido a su peso y la imposibilidad de colaboración por la movilidad reducida de la mujer. “Intentamos levantarla entre mis tías y yo, pero es un peso muerto, no puede ayudar porque tiene movilidad reducida y además sufrió una crisis”, explicó.

Ante la imposibilidad de moverla sin causar daño, la familia contactó con el 112. En respuesta, llegó un trabajador de la empresa contratada por Servicios Sociales, Alvalop Servicios XXI, cuya plantilla, según denuncian, es insuficiente para atender la demanda. La hija denunció que solo hay un trabajador por turno de mañana y do

s por la tarde para toda la ciudad, lo que generó un retraso de hasta tres horas para recibir la ayuda adecuada.

“El chico que vino colaboró, pero ni entre los cuatro podíamos levantarla. Hicimos 10 o 12 intentos que solo le causaron dolor a mi madre. Lloraba desesperada”, agregó la hija, quien explicó que, tras media hora sin solución, el trabajador se vio obligado a llamar a un compañero del turno nocturno para que acudiera fuera de su horario laboral. “Solo entonces, con la ayuda del compañero, que era más grande, pudieron levantarla”, dijo.

Durante este tiempo, la familia intentó en varias ocasiones obtener ayuda a través del 112, pero denuncian que fueron regañados y remitidos continuamente entre el 112 y la empresa. Además, según cuenta, se negaron a avisar a los Bomberos para que ayudaran al empleado de la empresa privada. La hija expresó su indignación por la externalización del servicio a una empresa que, según ella, “ha contratado la opción más barata, pero con menos recursos humanos, lo que hace imposible que puedan atender todas las emergencias. Por suerte, nosotras estábamos en casa, pero hay personas mayores que pueden vivir solas y sufrir situaciones similares sin ayuda”.

En respuesta a las críticas, la directora general de Servicios Sociales, Adela Nieto, aclaró que “todo lo que no cubren los bomberos lo cubre la empresa contratada”, aunque añadió que el contrato firmado en octubre de 2023 con Alvalop Servicios XXI no establece un número fijo de trabajadores por turno, sino que exige que el servicio esté cubierto. También afirmó que, en caso de ser necesario, se puede llamar a refuerzos.

Nieto destacó que “los bomberos solo intervienen en casos de apertura forzada de viviendas o situaciones específicas, y que la empresa debe encargarse de las emergencias dentro de los domicilios”. Asimismo, explicó que “se ha llamado a otro trabajador adicional para reforzar la atención”.

Desde el cuerpo de Bomberos se señaló que “cuando la empresa nos avisa para colaboraciones puntuales, ayudamos, pero la responsabilidad principal recae en la empresa contratada”. Añadieron que “nunca nos negamos a colaborar si hay una persona en peligro, pero consideramos que la empresa debería disponer de medios suficientes para atender estas situaciones sin tener que tirar de recursos públicos”.

El contrato fue adjudicado a la referida empresa en septiembre de 2023, para asumir el servicio para la atención especial a personas mayores, con discapacidad y enfermedades graves había sido adjudicado a Alvalop Servicios XXI por un importe de 265.600 euros para un plazo de tres años, inferior al presupuesto estimado inicialmente de más de 323.000 euros. La adjudicación se fundamentó en “las características y ventajas de la proposición del adjudicatario”, según el acta de resolución.

La familia de la afectada espera que las autoridades revisen y refuercen el servicio para evitar que casos similares se repitan y que ninguna persona mayor o con discapacidad tenga que sufrir una espera tan angustiosa en una emergencia.

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