Francisco tiene una casa en el Príncipe, pero no sus escrituras
VIVIENDA
Es uno de los vecinos de la agrupación 19, junto al Reina Sofía, que sufre las consecuencias del retraso en la regularización de las viviendas que se ubican en terreno militar cedido a la Ciudad, que sigue prometiendo soluciones que no llegan

Francisco Toro es uno de esos que, años después de comprar una casa en el Príncipe, sigue sin ser oficialmente su propietario. Como “el 90 por ciento” de sus vecinos, no tiene las escrituras de su vivienda, pero sí la esperanza de que, de una vez, la Ciudad Autónoma cumpla con el compromiso adquirido de regularizar los hogares de la barriada.
Toro adquirió su vivienda, en la agrupación 19, junto al CEIP Reina Sofía, hace cinco años, “religiosamente”, con un contrato de compraventa privado. A día de hoy, no dispone de las escrituras oficiales que le permitan acreditar la propiedad ante terceros o las administraciones. “Tengo el papel de compra y venta. Esa casa es mía. El edificio es mío, aunque esté a nombre de mi mujer, Saida Benamá, desde hace cinco o seis años. Pero no puedo hacer las escrituras porque, según me dijo un técnico de Fomento, ‘ni tú ni yo vamos a ver esto hecho’”, relata Francisco en una conversación con este diario.
La explicación que le dio ese técnico de Obras Públicas fue clara y, para Francisco, desconcertante: “Me mostró la cartografía de 2014, que coincide perfectamente con la que yo saqué del Ministerio de Defensa. Este terreno dejó de ser militar y pasó a pertenecer al Ayuntamiento. Sin embargo, me dijo que hay un proyecto de regeneración en la zona, aprobado por la Asamblea en 2021, que incluye la demolición de algunos edificios para abrir calles, hacer parques infantiles y mejorar el acceso de emergencias como ambulancias y bomberos. Pero según él, este plan está tan atrasado que no se hará realidad en nuestra vida".

Lo que Francisco no entiende es que su vivienda no está incluida en las zonas que deberían derribarse ni genera ningún problema para los servicios de emergencia, pero sigue sin poder obtener su escritura. “Si esta propiedad no molesta para nada, ni para ambulancias ni para bomberos, ¿por qué no puedo legalizarla? Eso no lo entiendo. Ni yo ni otros vecinos lo vemos hecho, aunque la Ciudad se haya comprometido a regularizar estas viviendas”, afirma.
En todo el Príncipe
Francisco no está solo en esta situación. Según explica Kamal Mohamed, presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso, aproximadamente el 90% de las viviendas en la barriada están en una situación similar: sin título de propiedad legal y con un contrato privado de compraventa que no tiene validez registral ni jurídica plena.
“Esta es una reivindicación histórica. Mi abuelo, por ejemplo, tiene un contrato de compra venta desde 1969, y así hay muchos casos con más de 50 o incluso 100 años de antigüedad”, indica Kamal. Explica que la mayor parte de estas viviendas se construyeron inicialmente en terrenos pertenecientes al Ejército, y que en el año 2000 aproximadamente, el Ministerio de Defensa cedió esos terrenos al Ayuntamiento, pero la regularización no se ha concretado.
“Sin escrituras, las compañías eléctricas y de agua ponen trabas, no puedes hacer cambios de titularidad, ni empadronarte con facilidad"
La falta de escritura conlleva problemas prácticos para los vecinos. “Muchos no pueden contratar servicios básicos como la electricidad o el agua a su nombre porque las compañías requieren un título de propiedad o un contrato de arrendamiento formal. Tampoco pueden empadronarse correctamente, lo que afecta a su acceso a ayudas sociales o a realizar trámites oficiales”, añade Kamal.
Además, el presidente vecinal comenta que la falta de propiedad legal afecta a familias en situaciones complejas: “Hay hogares donde varios hermanos comparten la vivienda, cada uno en una planta, pero sin regularizar. Esto impide que puedan tramitar ayudas, becas o subsidios porque no pueden justificar ingresos o residencia oficial. Es una situación injusta que perdura desde hace décadas”.
Promesas que no se cumplen
El presidente de la Asociación de Vecinos asegura que, aunque existen proyectos y promesas políticas, la realidad es que la mayoría de los vecinos siguen con contratos privados sin validez legal y sin poder escriturar sus casas.
“Las excusas del Ayuntamiento han cambiado con el tiempo: primero decían que esperáramos al PGOU, luego que dependía de la cesión de terrenos, y ahora que hay problemas técnicos y administrativos que retrasan todo. Pero mientras tanto, la gente vive en una situación de incertidumbre y desprotección”, recalca Kamal.
La ausencia de un título de propiedad afecta no solo a la seguridad jurídica de los vecinos, sino también a aspectos cotidianos. Francisco Toro explica que, en su caso, no ha podido tramitar servicios esenciales con normalidad. “Sin escrituras, las compañías eléctricas y de agua ponen trabas, no puedes hacer cambios de titularidad, ni empadronarte con facilidad. Esto afecta a todos: niños, familias, ancianos”.
“Casi todas las viviendas del Príncipe están en esta situación. Hay casos de familias que llevan viviendo allí desde 1939, sin ninguna escritura oficial"
Además, la falta de regularización complica la planificación urbana y social. La administración local no puede invertir con garantías ni planificar infraestructuras sin tener una base legal sólida para actuar. Desde el Ayuntamiento se ha manifestado en varias ocasiones la intención de avanzar en la regularización de las viviendas del Príncipe. La creación de la comisión especial para este fin y la aprobación del PGOU son pasos formales que reflejan una voluntad política. Sin embargo, el testimonio de Francisco y Kamal evidencia que la realidad en el terreno sigue siendo muy distinta.
El técnico municipal que habló con Francisco fue tajante al afirmar que “ni tú ni yo vamos a ver el plan hecho en nuestra vida”, una frase que refleja el cansancio y la frustración de los vecinos. Este diario ha intentado conocer las novedades del proyecto, pero la Ciudad no ha dado respuesta.
La historia detrás
La situación en el Príncipe tiene raíces históricas que se remontan a la época en que la barriada era una zona de barracas y viviendas levantadas sin autorización formal, según relata Mohamed. En aquel momento, el Ministerio de Defensa controlaba los terrenos y sancionaba la construcción irregular, como fue el caso de la familia del presidente de la AAVV, que pagó multas por construir sin permiso.
Con el tiempo, se intentó erradicar el chabolismo en la zona con ayudas y proyectos europeos, lo que llevó a mejoras pero no a la regularización definitiva de las viviendas. La mayoría de los habitantes han pagado impuestos municipales durante años, pero sin que ello se traduzca en la entrega de títulos de propiedad.
En marzo de 2021, la Asamblea de Ceuta aprobó una propuesta para crear una comisión que trabajara en la regularización de estas viviendas, con la idea de facilitar su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una normativa que estaba pendiente desde hacía más de 20 años.
Sin embargo, pese a esta aprobación y a los compromisos del Gobierno local, el proceso sigue estancado. En diciembre de 2023, se aprobó la revisión del PGOU, pero el texto fue criticado porque no incluía una solución clara para las viviendas del Príncipe. El consejero de Fomento afirmó a principios de 2025 que se había iniciado el procedimiento para regularizar estas viviendas y que se trabajaba en paralelo en proyectos de rehabilitación, pero la percepción en el barrio es que los avances son lentos o inexistentes.
Kamal Mohamed insiste en que esta no es una situación aislada. “Casi todas las viviendas del Príncipe están en esta situación. Hay casos de familias que llevan viviendo allí desde 1939, sin ninguna escritura oficial. Esto genera un problema enorme para la dignidad de los vecinos, para su seguridad jurídica y para la convivencia diaria”.
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