El martes arranca el ‘juicio de los narcodrones’ contra 10 detenidos en la ‘Operación Etxea’
TRIBUNALES - NARCOTRÁFICO
Dos de los acusados son los apodados 'Piolín' y 'Laika', y todos se enfrentan a al menos ocho años de cárcel por supuestos delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal
El próximo martes la Audiencia Provincial de Ceuta reanudará la vista contra diez acusados en el marco de la ‘Operación Etxea’ de la Guardia Civil, un caso conocido como el ‘juicio de los narcodrones’. El proceso, suspendido el pasado 22 de enero debido a problemas en la designación de abogados de la defensa, aborda una investigación iniciada por la Benemérita en junio de 2021 que desarticuló una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas utilizando drones para transportar mercancía entre Ceuta y Marruecos. Se espera que el procedimiento se prolongue hasta el jueves.
La ‘Operación Etxea’ comenzó en junio de 2021, cuando la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta detectó actividades sospechosas relacionadas con el uso de drones para enviar comprimidos de benzodiacepinas a Marruecos, recibiendo a cambio pequeñas cantidades de hachís por el mismo medio para introducirlo en la ciudad autónoma.
Durante los cinco meses de investigación, los agentes lograron interceptar al menos 46 drones, de los cuales 16 fueron directamente vinculados a la organización desarticulada. Además, se incautaron 125.625 comprimidos de clonazepam, 13.490 de alprazolam y 77.341 gramos de hachís.
La fase final de la operación se ejecutó el 3 de noviembre de 2021, con registros en cuatro viviendas, un altillo y un trastero en la barriada de El Príncipe. Estas acciones culminaron en la detención de diez personas, dos de las cuales se sospecha que formaban parte de la cúpula de la organización: I.M.A., apodado ‘Piolín’; y también Y.M.A. —‘Laika’—. También se emitieron órdenes de busca y captura contra otros posibles implicados,
Los diez acusados, todos varones y en prisión provisional desde el 5 de noviembre de 2021, enfrentan cargos por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Estos ilícitos pueden sumar hasta ocho o nueve años de cárcel.
El juicio, inicialmente señalado para enero, fue suspendido debido a complicaciones en la asignación de abogados. Dos de los acusados solicitaron cambiar de letrado, mientras que otro pidió un abogado de oficio. Además, el abogado Lorenzo Rosa, designado en el momento, solicitó diez días para preparar la defensa, lo que llevó a presidente del tribunal entonces, Fernando Tesón, a posponerlo para el próximo martes.
