CSIF exige eliminar la tasa de reposición y sanciones por abusar de la temporalidad tras el recorte de Bruselas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Gobierno la eliminación de la tasa de reposición en las ofertas de empleo público, así como la imposición de sanciones ejemplares a los gestores que incurran en abusos de la temporalidad.

Según la organización, estas medidas resultan necesarias tras el recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea, motivado, entre otras razones, por el incumplimiento del compromiso de reducir la temporalidad en el empleo público. Actualmente, esta se mantiene estancada en el 30 %, una cifra que triplica la del sector privado, a pesar de que la legislación vigente establece un límite máximo del 8 %.

CSIF ya había advertido previamente de la apertura de expedientes por esta situación y del posible establecimiento de sanciones millonarias. La tasa de reposición, que el Ejecutivo pretende mantener en la próxima oferta de empleo público, limita la capacidad de las administraciones para cubrir adecuadamente las necesidades de sus servicios, lo que les obliga a recurrir de forma reiterada a contrataciones temporales, especialmente en sectores sensibles como la sanidad y la educación.

Además, el sindicato sostiene que los gestores que incumplan los límites establecidos por ley deben ser sancionados y asumir responsabilidades civiles. CSIF considera que solo mediante este tipo de medidas se podrá combatir de forma eficaz los abusos y la precariedad laboral que afectan a miles de trabajadores en las administraciones públicas.

En este contexto, la organización sindical ha trasladado sus demandas al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, abordando también otros problemas que afectan al sector público, como la congelación de las nóminas y la falta de avances en la negociación de un nuevo acuerdo salarial.

De forma paralela, CSIF ha anunciado que retomará las movilizaciones. El sindicato recuerda que el Gobierno debe aplicar una subida mínima del 2,8 % para adecuar los salarios al IPC del año pasado. Según sus cálculos, esta actualización representaría un incremento medio de 374 euros por categoría profesional para cada empleado público, lo que supondría un total de aproximadamente 1.112 millones de euros pendientes de abono.

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