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SANIDAD
El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha denunciado a través de un comunicado que la falta de psiquiatras infantiles en la sanidad pública se está traduciendo desde hace más de medio año en la cancelación sistemática de las citas concertadas con menores. La organización sindical considera que la derivación de los pacientes a hospitales privados de la Península no constituye una solución “realista”.
El sindicato ilustra su denuncia con cancelaciones de citas en las que se indica que la suspensión de la consulta obedece a una baja médica del facultativo, pero no se aporta más información ni se ofrecen nuevas fechas o sustituciones.
Ingesa está derivando a los pacientes menores de Salud Mental a la clínica privada Hospiten de Estepona, una medida que el SMC identifica como “externalización de servicios esenciales” supone, a juicio del sindicato, someter a las familias a la obligación de pagar un coste emocional y económico que muchas de ellas no pueden sostener. “ No se puede normalizar el desplazamiento de niños con trastornos del neurodesarrollo fuera del entorno familiar para acceder a atención psiquiátrica”, protesta el sindicato.
Además, SMC considera que esta política de derivaciones rompe el principio de equidad en el acceso a la sanidad pública.
Los médicos del sindicato acusan a Ingesa de protagonizar un intento de desacreditar públicamente a la Asociación TDAH, que recientemente denunció el caso de una mujer a cuyo hijo se le negó la atención cuando acudió a una consulta médica en el centro de Hospiten en Estepona. Las autoridades sanitarias replicaron que, contra lo que sostenía la Asociación, Ingesa sí mantiene en vigor un convenio con Hospiten, y recomendaron a los familiares que tramitaran sus quejas por los causces administrativos establecidos. Esta respuesta ha sido censurada por SMC, cuyos responsables consideran que Ingesa reprocha a las familias afectadas estar perjudicando a sus hijos por expresar sus quejas.
El sindicato insiste en que las derivaciones constituyen una manera de obviar las soluciones estructurales que, según estima, necesita la sanidad pública. “¿Se imagina alguien que en Madrid o Barcelona se cancelen las citas psiquiátricas infantiles durante más de medio año y se les indique a las familias que acudan a otra comunidad autónoma para recibir atención?”, plantea la organización sindical.
SMC ha invitado a Ingesa a rectificar lo que considera una “estrategia de confrontación con las asociaciones de pacientes” y a no ser censuradas por denunciar la falta de asistencia médica.
El sindicato critica que la nueva Unidad de Salud Mental Infantojuvenil (USMIJ), anunciada desde el año 2018, no se ha abierto todavía, y acusa a Ingesa de pretender sus tituir esta carencia con contrataciones ocasionales de psicólogos, pero sin presencia efectiva de especialistas en psiquiatría infantil. “La solución no puede pasar por la privatización ni por el desplazamiento de pacientes”, concluye SMC.
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