La construcción añora la colaboración público-privada en los planes de vivienda

La reactivación de la actividad de la construcción en Ceuta parece haber comenzado a animarse. La reciente formalización del acuerdo para la cesión a la Ciudad de 146.000 metros cuadrados de suelo propiedad del Ministerio de Defensa y el Plan de Viviendas 2025-2028, que terminó del perfilarse con el acuerdo del pleno de la Asamblea del pasado 26 de junio, son los dos baluartes de lo que algunos presentan como una nueva época para la construcción en Ceuta. Sin embargo, los representantes del sector no parecen tenerlas todas consigo.

El pleno de la Asamblea sancionó el mes pasado una modificación del documento inicial del Plan de Vivienda que suponía, entre otras consideraciones, la renuncia del Gobierno municipal a recurrir a la colaboración público-privada. El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, explicó entonces a los diputados que, contradiciendo lo previsto en un principio, la Ciudad asumiría de manera directa la construcción de las viviendas en suelo de titularidad municipal a través de concursos públicos financiados con recursos propios.

“Quizás sea una decisión acertada para lograr que se cumplan los plazos marcados, pero ¿dónde quedan los promotores y la colaboración público-privada?”, se pregunta la presidenta de la Asociación de Constructores de Ceuta, Karima Aomar.

La organización empresarial tenía claro el proceso que, a su juicio, debería de seguirse para ejecutar el plan propuesto por las autoridades municipales: abrir la posibilidad a los promotores para que pudieran hacerse con los terrenos y cumplir con el trámite del registro de proyectos y de solicitud de licencias para pasar a la fase de la adjudicación de las obras. El actual modelo planteado por el Gobierno local, y avalado por el pleno de la Asamblea, coloca a los promotores en una posición en la que no desearían estar. “Si esto se plantea así, me temo que los promotores participarán poco o nada -reflexiona Aomar- Los principales afectados serían los profesionales del sector promotor e inmobiliario, ya que los constructores participarían sí o sí porque, evidentemente, alguien tendrá que ejecutar los proyectos”.

La Asociación advierte, sin embargo, de que todavía habrá que evaluar qué empresas de la construcción locales pueden beneficiarse del plan, dadas las características del sector, integrado mayoritariamente por pymes y autónomos. “Poquísimas empresas locales podrían acometer proyectos de esta envergadura -continúa Aomar- Lo más lógico y probable es que sean subcontratadas, y ahí entran en juego los precios de licitación y adjudicación”.

De hecho, la responsable de la organización empresarial reconoce que una buena parte de las inquietudes que asaltan al sector proceden de no conocer qué papel se asignará en la ejecución de los proyectos previstos a la iniciativa privada.

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