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Alrededor de 85 ceutíes solicitaron cada semana de 2024 los servicios de un abogado del turno de oficio, según se desprende de los datos recogidos en el informe XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi. A lo largo del pasado año, se tramitaron 4.409 de las 1.135.291 solicitudes que se registraron en España.
Los datos ilustran la exigencia que pesa sobre los letrados del turno de oficio, cuyo número ha experimentado un progresivo descenso en los últimos años. Las bajas retribuciones, la carga de trabajo y las condiciones en las que se ven obligados a desarrollar su labor se han convertido en razón suficiente para disuadir a los abogados.
Según las estadísticas aportadas por el Observatorio de Justicia Gratuita, el año pasado en Ceuta 93 de los 176 abogados se encontraban registrados en el turno de oficio, una proporción muy superior a la media nacional española, que apenas alcanza el 27%.
La profesión en Ceuta comparte con la del resto del país la vertiginosa caída del censo de letrados del turno. Los datos del Observatorio revelan que entre 2023 y 2024 el número de abogados inscritos se redujo en 13. “Aquí hemos llegado a ser 120 abogados en el turno de oficio -explica la decana del Colegio de Abogados, Isabel Valriberas- Si hay un exceso de trabajo, si está mal pagado y si se considera la responsabilidad que asume un abogado del turno de oficio, pues acaba siendo lógico que decidan no continuar”.
Mientras el número de abogados de oficio se reduce, las solicitudes de justicia gratuita crecen. Las registradas el pasado año supusieron 624 más de las contabilizadas en 2023. En 2024, solo el 0,8% de las solicitudes planteadas fueron denegadas.
El gasto global del sistema cayó en Ceuta en 2024 casi un 1,5% para situarse en 1.430.975 euros. La comunidad autónoma que más gastó fue Cataluña con 68,1 millones, seguida de Madrid con 55,1 y Valencia con 51,8.
La inversión media por ciudadano se situó en Ceuta en 17,20 euros, diez sobre el registrado para el conjunto del país.
Durante 2024 se gestionaron 6.102 asuntos, 451 menos que el año anterior. La mayoría de ellos correspondieron al orden penal, que sumó 2.127, esto es, un 12,6% más que en 2023. Sin embargo, los asuntos civiles cayeron el año pasado hasta los 697, 26 menos que el ejercicio previo. La jurisdicción contencioso-administrativa alcanzó los 2.284 y la social apenas llegó a los 13.
La única buena noticia que los abogados han recibido en los últimos tiempos les llegó el pasado marzo de la mano de la orden ministerial por la que se incrementaron un 8% los baremos que se emplean para retribuir a letrados y procuradores del turno de oficio. La orden entró en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero en todo el territorio dependiente del Ministerio, que, además de Ceuta, incluye a Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares y Melilla. “Que se haya aplicado un incremento del 8% en las retribuciones es una buena noticia, pero hay muchas cuestiones que todavía están por resolver”, apunta Valriberas.
Entre las cuestiones a las que se refiere la decana figuran las exigencias de que todas las intervenciones profesionales que los letrados del turno prestan sean efectivamente abonadas y de que las cuantías se actualicen automáticamente cada año. Pendiente continúa todavía la aprobación de la nueva ley de asistencia gratuita que venga a sustituir a la actualmente vigente de 1996.
La justicia gratuita se sostiene como un pilar del Estado de Derecho que, a ojos de los profesionales, continúa siendo zarandeado por los poderes públicos. La queja de la profesión es que la obligación legal de facilitar asistencia letrada a quienes no pueden costearla no está compensada con un sistema que permita a los abogados desempeñar esta responsabilidad sin sufrir perjuicios.
Además, los abogados critican la multiplicidad de instancias administrativas encargadas de reconocer el derecho a la justicia gratuita, una situación que favorece la existencia de criterios dispersos, lo que introducen un factor de desconcierto en el sistema.
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