La Ciudad repetirá la prueba anulada por sentencia para las plazas de la Residencia ‘Nuestra Señora de África’ en septiembre

La Ciudad Autónoma de Ceuta tiene previsto convocar antes de que finalice el presente mes las nueve plazas de auxiliar de enfermería correspondientes a la convocatoria anulada judicialmente para la Residencia de Mayores Nuestra Señora de África, en cumplimiento de la sentencia que ordenó repetir parte del proceso selectivo tras constatarse una vulneración de derechos fundamentales.

Según ha podido saber El Pueblo de Ceuta, la intención del Gobierno ceutí es que la nueva prueba, correspondiente al segundo ejercicio de la oposición, se lleve a cabo entre mediados y finales del próximo mes de septiembre, ajustándose esta vez plenamente a los principios de legalidad, publicidad y transparencia exigidos por el fallo judicial.

A la repetición de la prueba podrán concurrir todos aquellos aspirantes que se vieron afectados por las irregularidades señaladas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ceuta, que el pasado 15 de abril estimó la demanda presentada por seis opositores y declaró nulo el proceso desde la realización del segundo ejercicio.

La sentencia, ya firme al no haber sido recurrida por la Ciudad, consideró probadas diversas irregularidades que afectaron a derechos fundamentales como la igualdad de oportunidades y la tutela judicial efectiva, obligando a retrotraer las actuaciones al momento previo a la prueba práctica.

Entre los fallos detectados, el juez subrayó la ausencia de criterios de evaluación previamente publicados, la falta de motivación en las calificaciones y la inexistencia de hojas de evaluación individualizadas, lo que impidió a los opositores conocer cómo serían valorados.

“El proceso se desarrolló sin garantías esenciales para los aspirantes”, recoge la resolución, que reprocha al tribunal calificador su “opacidad” y falta de rigor en la elaboración y difusión de los criterios utilizados para puntuar el ejercicio práctico.

Pese a declarar nulo el procedimiento desde el segundo ejercicio, la sentencia no afecta a los nueve aspirantes que ya obtuvieron plaza, cuyos nombramientos seguirán vigentes. Sin embargo, en caso de que alguno de los recurrentes supere ahora la prueba, la Ciudad deberá incorporarlo igualmente a su plantilla.

Esto implicará que la administración local deberá habilitar nueve plazas adicionales si los seis opositores recurrentes logran superarla, ya que los puestos adjudicados no pueden ser revocados al haberse producido conforme a una convocatoria que entonces estaba en vigor.

La repetición de la prueba conllevará también la obligatoriedad, por parte del tribunal, de publicar previamente los criterios de evaluación y asegurar su conocimiento público con antelación suficiente, tal y como ordena el fallo.

Además, las puntuaciones obtenidas deberán ir acompañadas de una motivación cualitativa, es decir, no se limitarán a una cifra, sino que se deberán detallar las razones que justifican cada nota, respetando así el derecho a la transparencia y a la revisión judicial.

Los aspirantes recurrentes han valorado positivamente esta resolución judicial y la próxima repetición del ejercicio como un paso decisivo hacia la mejora de los procesos de acceso al empleo público en Ceuta, en los que en los últimos años se han detectado deficiencias reiteradas.

Fuentes consultadas han indicado que, en esta ocasión, se extremarán las precauciones para que el procedimiento cumpla con todas las garantías legales y no dé lugar a nuevos recursos por parte de los interesados.

La sentencia constituye un nuevo revés judicial para la administración ceutí, que ha visto cómo varios de sus procedimientos de selección han sido objeto de impugnación por incumplimientos en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El Gobierno autonómico ya ha asumido que debe ejecutar lo dispuesto por el juez, y ha descartado recurrir la sentencia, lo que ha permitido avanzar con los trámites de la nueva convocatoria.

Con esta decisión, la Ciudad busca cerrar cuanto antes un episodio que ha causado malestar entre numerosos opositores y que ha puesto nuevamente en cuestión la fiabilidad de los procedimientos selectivos convocados por la administración local.

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