La Ciudad estudia la sentencia del asesino de Mari Ángeles para recurrirla o tomar medidas: “Algo falló”

“Desde el punto de vista técnico, está claro que algo falló, evidentemente”, ha concedido el vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, preguntado por la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Cádiz contra el asesino de Mari Ángeles, policía local de Ceuta. El consejero contestaba en el marco de un encuentro con los medios de comunicación para la presentación de la nueva flota de vehículos adquiridos para la limpieza viaria de la empresa pública Servilimpce en la mañana de este jueves. Como él mismo ha confesado, la reciente publicación del fallo este miércoles no le ha permitido hacer una “valoración en profundidad”, si bien ha resaltado que los servicios jurídicos municipales se encuentran estudiando el caso a efectos de poder presentar un recurso o de tomar otra medida de prevención.

“El Gobierno acata cualquier tipo de sentencia que venga por parte de la Audiencia. No obstante, creo que llegó ayer por la tarde y los servicios jurídicos están estudiando y analizando el contenido de la misma al objeto de poder elevar algún tipo de recurso al respecto, pero aún están en fase de análisis”, comenzó Ramírez su intervención, preguntado por que el tribunal haya declarado a la Ciudad responsable civil subsidiaria del último asesinato machista que se produjo en Ceuta, el 14 de marzo de 2022.

A partir de entonces, el portavoz recordó que la valoración debería hacerla sobre “procedimientos que están reglados”, en este caso a través del Servicio de Prevención de la Ciudad o de la propia Jefatura de la Policía Local, por lo que “poco” puede intervenir el Gobierno “desde el punto de vista político”.

Posteriormente la prensa le ha insistido en si se iba a tomar alguna medida al respecto, ya que Alonso G., el asesino de la funcionaria de justicia, era un policía local armado con antecedentes de ansiedad y le fue retirada el arma en dos ocasiones antes de cometer el crimen. La pregunta incluía si iba a haber alguna dimisión por la falta de medidas de seguridad en los protocolos — una “cabeza de turco”—, a lo que el portavoz se remitía a sus anteriores palabras.

“Como he dicho ahora mismo, la sentencia llegó ayer por la tarde, se está analizando desde el punto de vista jurídico al objeto de poder recurrir o no la misma. Cuando tengamos ese análisis podremos dar también algún tipo de posicionamiento o una versión más completa, y en base a la sentencia se analizarán también los diferentes procedimientos internos que en este caso aplica la Ciudad”, respondió, insistiendo en que “son procedimientos muy reglados y muy técnicos” y que en función de lo que determinen sus asesores jurídicos el Gobierno tomará “una decisión al respecto”.

875.000 euros

El policía local en cuestión, Alonso G., ha sido condenado por el asesinato con alevosía de su entonces esposa a 35 años y medio de prisión. El agente y la Ciudad Autónoma de Ceuta deberán indemnizar de forma subsidiaria a los familiares de Mari Ángeles. La hija, testigo directo del crimen e incriminada por parte del responsable, recibirá 200.000 euros por el fallecimiento de su madre y 300.000 euros por las lesiones psicológicas sufridas por esta causa. Por su parte, el hijo varón del matrimonio será indemnizado con 200.000 euros; la hermana de la víctima y tía de estos dos últimos, con 75.000 euros; y la madre de la difunta con 100.000 euros. En total, 875.000 euros.

El fallo emitido por la Audiencia destaca la deficiente actuación de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el control de los agentes de la Policía Local, especialmente en la supervisión de la salud mental y en el uso de armas reglamentarias. La falta de controles rigurosos o la ausencia de un armero operativo en el momento de los hechos, además de los antecedentes de ansiedad y la retirada temporal del arma del agente en 2001 y 2007 fundamentan la responsabilidad subsidiaria de la administración.

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