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MIGRACIONES
El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, espera que el protocolo que se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros para proyectar el reparto de 3.000 menores migrantes desde Canarias y las ciudades autónomas se aplique “con la mayor urgencia posible, lo antes posible”. “Es lo que desde la Ciudad llevamos pidiendo y transmitiendo en los últimos años”, ha expresado el mandatario para después informar de que la cifra actual de ocupación de los centros de acogida es de 441 menores, lo que supone un 400% de saturación.
Ramírez ha reconocido que hasta el momento no tienen constancia de los detalles del protocolo, según el cual la reubicación comenzará a efectuarse a partir del 28 de agosto. El real decreto es la segunda norma que el Gobierno nacional saca adelante sobre los menores extranjeros después del aprobado el 18 de marzo, que modificó la ley de extranjería para crear este mecanismo de derivación obligatoria de los jóvenes entre comunidades.
Ramírez ha abordado también la decisión de las autonomías gobernadas por el Partido Popular -que también rige en Ceuta desde 2001- de no acudir a la última Conferencia Sectorial de Infancia, en la que se debía profundizar en la reubicación de los menores extranjeros. El único representante del PP que acudió fue el consejero de Presidencia de Ceuta, Alberto Gaitán.
“Obviamente, no compartimos esta postura -la del PP-. Volvemos a lo que hemos dicho en más de una ocasión: creemos que hay ciertas cuestiones, como la inmigración, en este caso, de menos, que son cuestiones de Estado”, ha valorado el portavoz en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.
Ramírez ha defendido que esta problemática “debe resolverse de manera conjunta por todas las comunidades que integran el territorio nacional”. “De ahí que hayamos apoyado de manera firme y contundente todos los pasos que se han ido dando por el Gobierno de la Nación para buscar solución a esta medida”, ha continuado.
El mandatario ceutí ha vuelto a apoyar la modificación de la Ley de Extranjería y ha deseado que el protocolo aprobado este martes “pueda establecer los mecanismos más ágiles posibles para que se puedan ejecutar los cambios producidos en la norma y que se pueda llevar a cabo, por fin, el reparto de menores no acompañados según lo recogido”.
El protocolo
El reparto obligatorio de menores migrantes desde aquellas autonomías más saturadas ha generado tal rechazo entre las autonomías que once de ellas -10 presididas por el PP y Castilla-La Mancha- han recurrido el texto que lo creó ante el Tribunal Constitucional y la mayoría de las presididas por el PP dieron plantón al Gobierno la semana pasada en una Sectorial que se iba a celebrar sobre este tema.
El protocolo contempla la participación en el proceso del Ministerio Fiscal, al que las autonomías comunicarán las propuestas de traslado de los menores. La comunidad de origen deberá emitir un informe sobre cada situación individual.
La autonomía de llegada será la responsable de los traslados, que serán financiados por el Estado mediante el fondo previsto en el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo, dotado con 100 millones de euros.
Los desplazamientos estarán a cargo de profesionales de la entidad pública de origen, que deberá intercambiar información con los de destino sobre la situación de cada niño o adolescente.
El nuevo real decreto señala también que, en caso de que la comunidad se niegue a acoger a los menores, los profesionales que acompañen al joven pueden pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo comunicarán al Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.
Y establece que, si el menor no tiene autorización de residencia en España, esta deberá ser tramitada, con carácter preferente, por la Subdelegación del Gobierno correspondiente antes del traslado.
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