Construye estructuras cerradas en la azotea sin autorización y termina costándole 6.500€ la demolición

La Consejería de Urbanismo y Transporte de Ceuta ha hecho pública, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), la apertura de un procedimiento sumario de disciplina urbanística contra un vecino de la ciudad por haber ejecutado obras ilegales sin licencia en un inmueble residencial situado en la Calle Albergue.

El procedimiento se tramita tras una denuncia formal presentada por una particular ante la administración local. Posteriormente, la Policía Local confirmó mediante informe que efectivamente se habían realizado intervenciones constructivas sin amparo urbanístico en dicho inmueble. Un informe técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales concluye que las obras no solo carecen de licencia, sino que además no son legalizables, ya que contravienen el planeamiento vigente y alteran sustancialmente la realidad física del edificio.

Según detalla el informe técnico, las obras ejecutadas incluyen la construcción de estructuras cerradas en la azotea del edificio, llevadas a cabo sin proyecto técnico, sin dirección facultativa y sin haber solicitado licencia previa. Se ha determinado que las actuaciones no pueden regularizarse por tratarse de una alteración grave del ordenamiento urbanístico, por lo que se ha activado el procedimiento sumario para obras incompatibles con el ordenamiento, recogido en el artículo 170 bis de la Ordenanza de Disciplina Urbanística vigente en Ceuta.

El titular responsable de las obras, ha sido notificado por edictos en el BOE, al no haber sido localizada en su domicilio habitual. La resolución, firmada por el el consejero de Urbanismo y Transporte —nombrado oficialmente mediante Decreto del Presidente del 8 de julio de 2025—, ordena la paralización inmediata de las obras y la demolición total de las estructuras ejecutadas sin autorización, con un presupuesto estimado de 6.500 euros más IPSI.

El infractor deberá además restituir el inmueble a su estado original antes de la intervención ilegal, disponiendo para ello de un plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio. En caso de incumplimiento, se advierte que la administración ejecutará subsidiariamente la demolición a costa del responsable.

La administración concede al interesado un plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones, presentar documentos y justificantes que considere pertinentes en defensa de sus derechos, conforme al artículo 82.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. La resolución agota la vía administrativa, por lo que podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la misma Consejería, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado competente en el plazo de dos meses.

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