Los empresarios reflexionan sobre “el coste del absentismo” en las PYMES

La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha emitido una nota de prensa en la que lanza una crítica contundente al actual sistema de gestión de las bajas laborales por enfermedad común, denunciando su impacto económico sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y exigiendo una reforma “urgente y profunda” del modelo.

Según la patronal ceutí, las PYMES, que conforman más del 99% del tejido empresarial español, están soportando una carga económica “insostenible” como consecuencia del diseño actual del sistema de incapacidad temporal. En concreto, denuncian que este modelo está generando un “desequilibrio financiero” que pone en riesgo la productividad, la competitividad y, en algunos casos, incluso la supervivencia de estas empresas.

La CECE explica que, cuando un trabajador se encuentra de baja por enfermedad común o accidente no laboral, las empresas asumen una serie de costes que, en muchos casos, se extienden a lo largo de toda la baja. Los tres primeros días, detalla la organización, suelen ser cubiertos por las empresas porque así lo estipulan la mayoría de los convenios colectivos. A partir de ahí, hasta el día 15, también se hace cargo la empresa, aunque con una reducción de la base reguladora.

Además, muchos convenios prevén que los empresarios sigan asumiendo distintos porcentajes del salario del trabajador incluso más allá del día 16, cuando en teoría debería intervenir la Seguridad Social. A esto se suma el hecho de que, durante toda la duración de la baja, la empresa debe seguir pagando las cotizaciones sociales y, en muchos casos, complementos salariales obligatorios.

El resultado de este esquema, según datos aportados por la CECE, es que las empresas españolas están pagando más que el propio sistema público por las bajas laborales: cerca de 14.000 millones de euros anuales en costes directos, cifra que se eleva hasta más de 20.000 millones si se incluyen otros fondos empresariales destinados a cubrir partidas relacionadas.

La patronal subraya que esta cifra supera los aproximadamente 15.000 millones que gasta la Seguridad Social por el mismo concepto, lo que evidencia —a su juicio— un reparto desequilibrado de la carga económica.

Falta de control

Otro de los puntos clave de la crítica empresarial es la escasa capacidad de control que las empresas tienen sobre este proceso. Aunque las mutuas laborales podrían desempeñar un papel relevante en la gestión y seguimiento de las bajas, la CECE denuncia que estas entidades cuentan con competencias muy limitadas, pese a estar gobernadas por los propios empresarios.

Como consecuencia, se produce un escenario con bajas de larga duración, menos incentivos para reincorporarse a tiempo, y un menor control sobre el absentismo. Según la CECE, esto reduce drásticamente la eficiencia del sistema y termina perjudicando la sostenibilidad de muchas pequeñas empresas, que carecen de la capacidad de absorción de costes que sí tienen las grandes compañías.

La Confederación también pone el foco en la comparativa internacional. En España, las cotizaciones sociales representan el 9,5% del PIB, muy por encima del 7,1% de media en la Unión Europea y del 4,5% en los países de la OCDE. Este diferencial, advierte la CECE, reduce la competitividad de las empresas españolas en el contexto internacional y dificulta su desarrollo en un mercado globalizado.

Frente a esta situación, la CECE exige una reforma estructural del sistema de incapacidad temporal que reconozca el papel de las empresas en la gestión del absentismo, amplíe las competencias de las mutuas para controlar y prevenir las bajas laborales, y redistribuya de forma más justa y eficiente los costes asociados.

“El actual sistema está ahogando a las PYMES”, afirma la organización, que considera que la inacción pone en riesgo el empleo y el crecimiento económico. Por ello, apela a la necesidad de tomar “decisiones valientes” para garantizar un sistema más sostenible y equitativo.

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