El Estado sufraga ahora otra pensión al guineano que agredió a una enfermera en el CETI

Antonio Bautista costeó a un residente del CETI los gastos de alojamiento en un hostal en Benítez los primeros días después de la agresión que dicho individuo propició a una enfermera mientras le trataba de administrar una inyección. Al poco tiempo y, debido a que el sujeto estaba supuestamente herido tras caer de la valla fronteriza al intentar acceder a Ceuta, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lo trasladó a otra pensión en el barrio de Las Latas que sufraga el Gobierno por considerar al africano “persona vulnerable”. Justo después del incidente, el director del centro trató de ingresar al guineano en el hospital, pero los médicos, al evaluar su estado, no lo consideraron necesario. Todo según fuentes consultadas de toda solvencia.

La polémica surgió el pasado 27 de julio después de que el residente fuera detenido por un presunto delito de agresión sexual -aunque luego fue condenado por coacciones y maltrato- hacia una enfermera. El africano se bajó los pantalones y la agarró con fuerza, pero la situación no pasó a mayores porque la sanitaria -de baja psicológica- pudo zafarse de él. Al ser sentenciado, el migrante no podía volver al CETI, ya que se dictaminó, además de nueve meses de prisión, que debía respetar una orden de alejamiento de la víctima de tres meses.

La solución tomada por Bautista -director del centro-, que minimizó la agresión a la enfermera y no activó protocolos, según adelantó este diario, fue trasladar al agresor de su empleada a un hostal frente a la playa en la barriada de Benítez que pagó de su propio bolsillo. Allí estuvo varios días hasta que la Secretaría de Estado de Migraciones, que es el órgano que posee las competencias del CETI, decidió reubicarlo en una pensión en el barrio de Las Latas, estancia que hasta día de hoy sigue financiando el Gobierno.

Buceando en las leyes sobre derechos y libertades de los extranjeros en España se pueden encontrar detalles que arrojan algo de luz sobre la acción del Estado. De hecho, la normativa no establece ninguna prohibición automática de acceso a recursos asistenciales por tener antecedentes penales.

La Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración (DGIAH) incluye medidas excepcionales de alojamiento cuando no hay recurso institucional disponible, como es el caso. Cuando una persona no puede residir en el CETI por orden judicial -como, por ejemplo, alejamiento- el Estado debe garantizar una solución alternativa de “acogida temporal”, especialmente si se trata de una persona sin recursos y, en el caso del guineano que agredió a la enfermera, supuestamente vulnerable.

La “vulnerabilidad”, según fuentes consultadas, se le aplica al residente debido al accidente que tuvo al saltar la valla que separa Marruecos y Ceuta. Sobre este asunto hay dos versiones. La 'oficial' es que el joven, de unos 20 años, se dañó el coxis y la mandíbula al caer. “En el hospital estudiaron hacerle una intervención”, subrayan fuentes consultadas, aunque ni siquiera se quedó ingresado.

Otras fuentes que trabajan en el hospital y conocen de primera mano cómo se atendió al migrante señalan que, a pesar de la insistencia de Bautista en que ingresaran al africano, después de realizarle una radiografía lo descartaron. "No llegó con ese estado de lesiones -en relación a la mandíbula y el coxis-. Solo le dolían algo las cervicales, pero nada grave", aseguran. De hecho, confirman que si hubiera tenido daños serios en la mandíbula y coxis "probablemente se hubiera quedado ingresado".

Para ser considerado persona vulnerable y que se aplique un protocolo diferenciado, basta con tener una lesión médica documentada, aunque no sea grave, según la directiva europea.

Traslado a la península

Fuentes consultadas por este diario admiten que el traslado ordinario del guineano en las próximas semanas puede ser una opción debido a varias razones, aunque entre la treintena que salió este jueves dirección a la península no aparecía su nombre en la lista debido a que se ha decidido esperar probablemente a raíz de las publicaciones periodísticas y la polémica surgida los últimos días.

A pesar de ello, la situación en la que se encuentra el agresor propiciará, cuentan, su salida en breve o, al menos, sin cumplir los plazos estipulados. Por un lado porque es una persona supuestamente vulnerable y tiene prioridad, por otro porque el Estado está costeando una pensión, de unos 30 euros al día, que no es sostenible en el tiempo.

Esta serie de factores apuntan a que el guineano que agredió a la enfermera saldrá antes que el resto de los residentes, que suelen esperar hasta los seis meses en el CETI para el traslado a la península. Este diario ha podido saber que la investigación abierta por la Secretaría de Estado de Migraciones a raíz de la conducta de Bautista con su empleada y la falta de activación de protocolos tras el incidente, continúa y aún no ha sido cerrada.

Aunque el contacto entre la Delegación y Bautista pasa por horas bajas, el órgano del Gobierno en Ceuta ha ido proporcionando a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, todas las informaciones polémicas que han salido en los medios en relación a Bautista.

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