El juzgado avala diplomas de ProCeuta investigados por presunta falsedad

La noticia sacudió la ciudad autónoma el pasado mes de abril: la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) comenzó a hacer detenciones de personal de la conocida academia -ya vendida y con otro nombre- ProCeuta, en el marco de una investigación que se venía realizando desde hacía algo más de un año. Los agentes sospechaban que la entidad ofrecía cursos falsos o no autorizados a marroquíes que luego utilizaban, previo pago, para solicitar la residencia por arraigo para la formación. Meses después, y tras una ‘guerra’ con el Ministerio de Educación que aún continúa, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo está validando los títulos emitidos por la escuela, que cerró a raíz de un caso que lleva el letrado Daniel López Ruiz.

“De la documental aportada se demuestra que la academia estaba debidamente autorizada, y por tanto el diploma es prueba suficiente de haber superado la formación con aprovechamiento, sin que sea necesario el Anexo XIII exigido por la Instrucción SEM1/2022”.

Así de tajante ha sido recientemente el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta sobre el curso en Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales de un alumno de ProCeuta. El afectado, que temía que su esfuerzo hubiera sido en vano, ha conseguido por dos años la residencia por arraigo para la formación.

Este procedimiento permite que un extranjero con al menos dos años de residencia en España obtenga una autorización temporal si se compromete a realizar una formación reglada que mejore sus opciones laborales. La formación dura un año. Una vez concluida, el objetivo es obtener un contrato de trabajo relacionado con los estudios para renovar la residencia por dos años

La Oficina de Extranjería, que fue quien dio la voz de alarma debido al aumento de las peticiones de residencia por este tipo de arraigo a raíz de los cursos ofrecidos por ProCeuta, denegó las renovaciones y retiró tarjetas alegando que las formaciones no estaban autorizadas por el Ministerio de Educación y que la academia no cumplía los requisitos administrativos adicionales. El juez, en este caso, ha anulado la resolución y concedido la autorización.

El verano y la inactividad judicial han frenado, por ahora, el goteo de varapalos a la Delegación del Gobierno, Extranjería y el MEFP, aunque las resoluciones a las que ha tenido acceso este diario dejan tocada a la Administración en un caso que provocó un gran revuelo en la ciudad.

De momento, el juzgado ha dado la razón a la academia en dos sentencias -en otra de ellas, Extranjería ni siquiera cuestionó el diploma—. El segundo fallo, más reciente, será firme a principios de septiembre, ya que a la fecha de escribirse este artículo el Abogado del Estado no lo ha recurrido.

El Contencioso Administrativo entra en el fondo de la cuestión sobre los diplomas: si el inicio y el final de la formación es válido, el curso está autorizado.

López acumula dos sentencias ganadas sobre la validez de los diplomas (fase de finalización de estudios), tres sobre la fase de inicio y cinco procedimientos pendientes. El letrado confía en que el Contencioso Administrativo siga con el mismo criterio, ya que solo hay dos de este tipo en Ceuta.

“Que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por contra la resolución descrita en el primer antecedente de hecho de la presente, se anula la misma, declarando el derecho del recurrente a la concesión de la Autorización solicitada: con expresa imposición de costas a la demandada”, reza el fallo del individuo que hizo la formación de Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales.

¿Prevaricación y organización criminal?

Personal de la academia enfrenta aún por la vía penal presuntos delitos de falsedad documental y de organización criminal, aunque fuentes cercanas al caso y el propio López ven “poco recorrido” a dichas causas tras las resoluciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Si un Juzgado de los Contencioso-Administrativo, que es el que se encarga de decir si algo es válido o no en el mundo administrativo, sentencia que el diploma es válido…Si lo dice el órgano competente, el penal no puede decir ahora que el curso es un fraude. La documentación aportada demuestra que el curso estaba debidamente autorizado”, subraya López.

Responsabilidad patrimonial

Uno de los ejemplos que relata López es el de un individuo que había realizado una formación en ProCeuta y al que se le fue retirada la tarjeta de residencia en la frontera, impidiendo su regreso a España. “Incluso antes de que la denegación fuera firme y, además, sin asistencia letrada”, matiza. Al quedar el afectado en Marruecos, López tuvo que presentar la demanda correspondiente en España mediante un poder notarial otorgado desde el país vecino.

En este punto entra uno de los temas más complejos y que afecta directamente a la Administración: la responsabilidad patrimonial. Si los tribunales confirman en sentencia firme que los cursos de ProCeuta eran válidos y que Extranjería actuó de forma indebida al denegar renovaciones, retirar tarjetas o impedir la entrada de personas en frontera, el Estado deberá indemnizar a los afectados por los daños causados.

La pérdida de la residencia legal (y con ello el derecho a trabajar), la pérdida de ingresos por no poder trabajar durante un determinado tiempo o los gastos adicionales, por ejemplo, de su asistencia letrada, son algunas de las reclamaciones que pueden realizar los afectados, aunque López advierte: la nueva normativa hace más sencillo obtener el arraigo sociolaboral al conseguir un contrato de trabajo, por lo que “muchos” decidirán no seguir por la vía judicial por no conocerla y para evitar más gastos.

“Aquí no hablamos de delito o no. Hablamos de que se habría cometido un error grave y se debe reparar el daño por la vía económica”, apuntan.

La ‘guerra’ con el MEFP

El pasado mes de mayo los representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Ceuta tuvieron que ir a declarar a los juzgados por una querella presentada por el entonces dueño de ProCeuta. “Estamos tranquilos”, aseguraban por aquel entonces desde el MEFP a este diario.

Aunque la causa penal se archivó a petición de los nuevos dueños, que han renombrado el centro como Instituto Internacional de Alta Formación, el sobreseimiento ha sido provisional. Según ha podido saber este diario, el fiscal dejó abierta la posibilidad de reabrir el procedimiento si aparecían sentencias favorables en el Contencioso-Administrativo.

Fuentes consultadas afirman que, tras las recientes sentencias, el anterior propietario de ProCeuta ha solicitado la reapertura del caso, por lo que la ‘batalla’ entre la Administración y la academia sigue abierta.

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