De la ‘limosna’ al “derecho”: análisis de las 70 enmiendas del PSOE a las prestaciones sociales

La batería de 70 enmiendas al reglamento de prestaciones sociales del PP local que presentó el PSOE de Ceuta el pasado 21 de julio no tuvo gran acogida en la Administración. “Es excesivo” o “más vale que voten en contra” fueron algunas de las declaraciones del portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno al día siguiente. Los socialistas pretenden eliminar el enfoque “asistencialista” e introducir un marco garantista, ligando derecho a exclusión. Plantean un enfoque ideológico y estructural a una normativa para “adaptarla a la realidad social” de la ciudad autónoma.

El modelo social y la filosofía del reglamento basan sus cimientos en un enfoque garantista, eliminando lo que, a juicio de la formación que lidera Miguel Ángel Pérez Triano, es un trato asistencialista hacia las personas vulnerables por parte del Gobierno local. Las prestaciones, defienden, deben dejar de ser ayudas discrecionales para entenderse como un derecho ligado a la inclusión, la autonomía y al proyecto de intervención social.

En este bloque, el PSOE de Ceuta critica aspectos como la desconfianza hacia las personas vulnerables y la penalización administrativa, así como reconoce “nuevas formas de pobreza” ligadas a la brecha digital que sufren, sobre todo, las barriadas periféricas de la ciudad, la salud mental o la violencia intrafamiliar hacia los jóvenes. La finalidad del reglamento, sostienen, es garantizar unas “condiciones de vida dignas” y la prevención de la exclusión social desde un enfoque meramente estructural.

Una revisión ‘bajo lupa’

Los socialistas ceutíes tratan de definir el acceso efectivo a las ayudas y cómo evitar el supuesto castigo que, razonan, efectúa el Gobierno local a través de su propuesta de reglamento de prestaciones sociales a las personas vulnerables. Plantean los de Triano sustituir las exclusiones automáticas al acceso a ayudas por revisiones totalmente individualizadas y con un enfoque “reparador” y “subsanador”, no punitivo.

Por un lado, subrayan, se aceptarán causas justificadas para bajas laborales voluntarias, pensiones no reclamadas o la no inscripción en el SEPE, por otro proponen una protección especial a mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad o migrantes, entre otros. Además, plantean reforzar las excepciones al empadronamiento y ‘afinar’ la no duplicidad de ayudas.

Las modificaciones más relevantes al artículo 5 afectan directamente al número de beneficiarios de las ayudas. ¿Quiénes se incluyen y quiénes se excluyen? Los socialistas desglosan, entre otros, cuatro puntos que no tiene en cuenta el Gobierno local a la hora de ofrecer las prestaciones sociales.

En relación a ese “enfoque garantista”, los de Pérez Triano piden una revisión del concepto de patrimonio con el objetivo de excluir la vivienda habitual, los enseres esenciales y los bienes disponibles, así como no computar ayudas puntuales de amigos o familiares, permitir la deducción de préstamos personales contraídos para necesidades o no tener en cuenta un vehículo que tenga menos de 15 años de antigüedad si está vinculado a la discapacidad. Pretenden desde Daoiz evitar “penalizar a familias endeudadas o que sobreviven con solidaridad puntual”.

IPREM e ingresos

Para el PSOE, en ciudades como Ceuta, con “altísimo coste de vida”, “mercado laboral precarizado” y “falta de vivienda accesible", los umbrales del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) “no reflejan adecuadamente la capacidad económica real de las unidades de convivencia”.

Por ello, para los socialistas, uno de los objetivos clave de sus enmiendas se basa en “superar el criterio exclusivo del IPREM como umbral de acceso a las ayudas, incorporando indicadores sociales más amplios, flexibles y ajustados a la complejidad de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión”.

Establece la nueva propuesta un límite base del 50% del IPREM y una flexibilización progresiva que puede llegar hasta el 130% en casos con factores agravantes, como puede ser una enfermedad, discapacidad, trata o violencia, entre otros.

Salvo justificación, señalan, se mantiene ese límite del 20% del IPREM en ayudas simultáneas periódicas.

Los de Pérez Triano amplían la definición de familia, añadiendo, por ejemplo, a parejas sin papeles, cuidados compartidos y núcleos separados en un piso en caso de que haya autonomía y recursos diferenciados. Entre otras cosas, incluyen la posibilidad de reconocer núcleos separados en un mismo domicilio.

Además, en lo que se refiere a emergencias, como violencia o desahucio, mantienen la unidad independiente hasta los 12 meses.

Un PIF integral como llave de acceso

Otro de los aspectos en los que incide el PSOE de Ceuta es en definir un nuevo modelo de Proyecto de Intervención Familiar (PIF), que pretenden que sea “integral, personalizado, con seguimiento y participación activa”. La formación roja menciona la relevancia de dar importancia al informe técnico social previo a la toma de decisiones. Además, destaca que la evaluación cualitativa de la exclusión debe girar en torno a aspectos como la salud mental, la violencia, la red de apoyo, el historial institucional o la precariedad, entre otros.

En definitiva, el PIF debe estar, a juicio de los socialistas, redefinido como proceso integral, pero no vinculado solo a ayudas puntuales. Cada apoyo, proponen, debe estar relacionado a un proyecto personalizado con base en unos objetivos y siempre desde un seguimiento.

En cuanto a las obligaciones de los beneficiarios, los de Pérez Triano piden menos rigidez sobre las penalizaciones automáticas, sobre todo hacia las personas con discapacidad o víctimas de violencia. En este punto, también piden los socialistas ampliar el plazo de justificación hasta 6 meses, previa justificación técnica.

Además, exigen que se elimine el concepto “signos externos” como causa de denegación por considerarlo “arbitrario y estigmatizante”.

Impacto social

Por último, el PSOE de Ceuta incluye en su batería de enmiendas ampliar las prestaciones para cubrir la leche maternizada, la salud bucodental, las situaciones de emergencia específicas y las enfermedades raras con la intención de dar una cobertura “más transversal y sensible” a la realidad de la ciudad autónoma.

Ramírez consideró durante su comparecencia en julio que se analizarán las 70 enmiendas, aunque matizó que el volumen de propuestas puede provocar que se entorpezca la tramitación del expediente.

“Espero que tantas enmiendas no retrasen un expediente que es fundamental”, subrayó. Por su parte, Triano afeó las declaraciones de Ramírez e instó al Gobierno local a trabajarlas y estudiarlas. El reglamento, en todo caso, se decidirá en el pleno.

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