Entra en vigor la ley de penas alternativas en Marruecos
Marruecos
Según publica el medio digital Le360, la ley sobre penas alternativas entra en vigor este viernes 22 de agosto. Mediante la introducción de medidas como el servicio comunitario, dispositivos de vigilancia electrónica y multas compensatorias, pretende humanizar la justicia penal marroquí, limitar la reincidencia y descongestionar las cárceles.
La Ley n.º 43.22 sobre penas alternativas entra en vigor este viernes 22 de agosto, marcando una ruptura con la visión estrictamente punitiva de la justicia. Esta ley abre el camino a un enfoque más restaurativo, educativo y personalizado, en un contexto de hacinamiento carcelario y las limitaciones de la represión tradicional. El objetivo: reducir la reincidencia, adaptar la pena al perfil del condenado, preservar los derechos de las víctimas y aliviar la presión sobre las prisiones.
A partir de ahora, las penas alternativas se aplicarán únicamente a los delitos castigados con una pena máxima de cinco años de prisión, excluidos los delitos graves relacionados en particular con el terrorismo, la corrupción, el narcotráfico o la violencia sexual.
Entre los dispositivos previstos:
- Servicio comunitario no remunerado en organismos públicos o asociaciones autorizadas, de duración comprendida entre 40 y 3.600 horas, disponible a partir de los 15 años de edad;
- El uso de un brazalete electrónico permite monitorear los movimientos del condenado, con horarios y lugares autorizados por el juez. Este sistema promueve el mantenimiento de los vínculos familiares y profesionales.
- Pago de una suma de dinero en sustitución de la pena de prisión, que oscila entre 100 y 2.000 dírhams diarios. La cantidad se determina en función de los ingresos del condenado y del daño sufrido por la víctima. En caso de impago, se restituye la pena de prisión.
El juez mantiene un papel central: evalúa la gravedad de los hechos, el perfil del acusado y las circunstancias antes de decidir sobre una pena alternativa. Esta debe ser aceptada libremente por el condenado. En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas, la pena de prisión inicialmente impuesta podrá ser reinstaurada.
El éxito de esta reforma depende, sin embargo, de un importante trabajo de campo: formación de magistrados y abogados, mejor coordinación entre las instituciones judiciales y sociales, implicación del tejido asociativo y sensibilización del público en general a esta nueva visión de la justicia.
Con este sistema, Marruecos se inscribe en una dinámica que pretende humanizar las sanciones penales y hacer de la reintegración ya no una simple perspectiva, sino una auténtica palanca de seguridad y de cohesión social.
