Redistribuir es responsabilidad compartida

El Gobierno parece decidido, por fin, a dar el paso que lleva meses prometiendo: poner en marcha el mecanismo de redistribución de menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre el resto de comunidades autónomas. Una medida necesaria, porque no se puede cargar indefinidamente a los territorios fronterizos con un problema que es de todo el país. La aprobación del decreto que fija las plazas de acogida por comunidad es un avance que llega tarde, pero al menos llega.

No hablamos de un asunto menor. En Canarias y en Ceuta los recursos llevan tiempo triplicando su capacidad ordinaria, lo que ha generado una presión insostenible tanto en el sistema de protección como en quienes trabajan en él. Derivar a estos niños y niñas hacia otras autonomías es una cuestión de justicia, de humanidad y de eficacia en la gestión. Lo contrario sería condenar a esos menores a un limbo institucional y a las comunidades receptoras a la saturación permanente.

El plan no ha estado exento de tropiezos políticos. La oposición del PP retrasó durante meses un acuerdo que solo desbloqueó el pacto con Junts y la posterior reforma de la ley de extranjería. Y mientras tanto, en los centros de Canarias o de Ceuta, los menores seguían llegando sin que el Estado ofreciera una respuesta coordinada. El tiempo perdido ha tenido consecuencias reales en la vida de miles de niños que esperan algo tan básico como un techo digno, comida y atención.

Ahora el reto es que el mecanismo funcione de verdad y no se quede en otro anuncio. El Ejecutivo promete derivar unos 3.000 menores en un año, con un plazo máximo de 15 días para los recién llegados en zonas tensionadas. Sobre el papel suena bien, pero habrá que ver si se cumple. No sería la primera vez que un compromiso del Gobierno queda en el aire, como ya denunció el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al recordar que los traslados semanales prometidos nunca llegaron a materializarse.

La clave estará en la corresponsabilidad. Este es un desafío que afecta al conjunto del país y que solo se puede abordar si todas las comunidades ponen de su parte. Dejar que Canarias, Ceuta y Melilla soporten solas el peso de la acogida no es solo injusto, es ineficaz y mina la cohesión territorial. Quien se niegue a aceptar su cuota de responsabilidad deberá explicar, con argumentos, por qué prefiere mirar hacia otro lado.

La redistribución obligatoria no es una opción, es una necesidad. Si España quiere ser un país serio, debe cumplir con su deber de proteger a los menores migrantes, repartiéndose la tarea de manera equitativa. Porque de lo contrario no solo se está fallando a Canarias, Ceuta o Melilla, se está fallando a la infancia más vulnerable, que debería estar en el centro de cualquier política migratoria.