Un exextremista de derechas cambia de sexo y cumplirá condena en una prisión de mujeres

Alemania vive un intenso debate social y político tras conocerse el caso de Marla-Svenja Liebich, una persona transexual que en el pasado fue un conocido activista de extrema derecha. Liebich, condenado en 2023 a 18 meses de cárcel por incitación al odio, solicitó en 2024 el cambio legal de sexo al amparo de la nueva Ley de Autodeterminación y ahora deberá cumplir su pena en una prisión de mujeres en Dresden.

El hecho ha provocado controversia porque la normativa, en vigor desde noviembre de 2024, facilita el cambio de sexo con una simple declaración en el registro civil, sin necesidad de informes médicos, operaciones ni evaluaciones psicológicas. La posibilidad de que un condenado por delitos de odio pueda utilizar esta ley para modificar las condiciones de su condena ha sido interpretada por sectores conservadores y de extrema derecha como un abuso del sistema.

Marla-Svenja, que en el pasado formó parte de organizaciones radicales como Blood & Honour, ha sido criticada por colectivos LGTBI que consideran que su caso podría usarse para desprestigiar a las personas trans. Además, la prensa alemana recoge que Liebich había realizado declaraciones ofensivas hacia este colectivo antes de su transición.

El debate se ha intensificado después de que Liebich denunciara a varios medios por seguir refiriéndose a ella en masculino. En uno de los procesos, un tribunal de Berlín falló a favor del periodista Julian Reichelt, al considerar que su afirmación estaba amparada por la libertad de expresión en el marco del debate público sobre la ley.

La ministra de Familia, Karin Prien, ha reconocido que la normativa “presenta deficiencias” y ha adelantado que el gobierno alemán estudia una revisión. Desde la oposición, voces como Alexander Hoffmann (CSU) han advertido de que “aunque la protección de los derechos trans es fundamental, la actual ley abre la puerta a abusos deliberados”.

Hasta la entrada en vigor de la nueva norma, el cambio de sexo en los documentos oficiales exigía informes médicos y autorización judicial, lo que era considerado discriminatorio por organismos internacionales. Ahora, el caso Liebich se ha convertido en el primer gran desafío para la aplicación de esta ley, abriendo un debate en Alemania sobre cómo garantizar la protección de las personas trans sin permitir un uso fraudulento de la normativa.

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