Cobrar una pensión sin haber cotizado: así funciona la ayuda de 564 euros mensuales en España
ECONOMÍA
En España, miles de personas que nunca han trabajado o no alcanzaron los años suficientes de cotización creen que no tendrán derecho a una pensión. Sin embargo, la Seguridad Social contempla una alternativa: la pensión no contributiva, una prestación que garantiza un ingreso mínimo de 564 euros al mes para quienes cumplen determinados requisitos de edad, residencia e ingresos

La jubilación suele asociarse a los años cotizados y al historial laboral. Pero lo cierto es que en España existe una vía para quienes no han trabajado nunca o no han llegado a cotizar lo suficiente. Se trata de la pensión no contributiva, un sistema que asegura ingresos básicos y acceso a la asistencia sanitaria para colectivos especialmente vulnerables.
Actualmente, esta ayuda está fijada en 564 euros mensuales repartidos en 14 pagas al año. No sustituye a un sueldo ni permite grandes lujos, pero sí representa un respaldo económico fundamental para miles de ciudadanos que de otro modo no tendrían ningún ingreso.
Existen dos modalidades principales:
- Pensión no contributiva de jubilación : dirigida a personas mayores de 65 años que hayan residido en España al menos 10 años desde los 16, de los cuales 2 deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
- Pensión no contributiva de invalidez : pensada para ciudadanos entre 18 y 65 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65 % y que acrediten bajos ingresos.
En ambos casos, la cuantía no depende de los años cotizados, sino de factores como los ingresos de la persona o de la unidad familiar, así como la residencia legal en el país. Por ejemplo, para acceder a la pensión de jubilación no contributiva, los ingresos anuales no pueden superar los 7.905,80 euros en caso de vivir solo, cifra que se ajusta si se convive con familiares.
Además de estas ayudas, la Seguridad Social contempla otras pensiones llamadas de muerte y supervivencia, como la viudedad, la orfandad o las destinadas a familiares dependientes. En estos casos, el importe se calcula en función de la pensión que cobraba el trabajador o pensionista fallecido y puede oscilar entre el 20 % y el 70 % de la cuantía original.
Los expertos insisten en un punto clave: estas prestaciones no son favores, sino derechos reconocidos por ley. Aunque la cifra de 564 euros pueda parecer modesta, se trata de un mecanismo que asegura un mínimo de estabilidad económica en una etapa vital en la que la vulnerabilidad puede ser mayor.
Así, tanto jubilados sin cotización suficiente como personas con discapacidad encuentran en esta ayuda un recurso esencial para afrontar el día a día y mantener acceso a la sanidad pública.
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