Menores migrantes: solidaridad o colapso

La aprobación del Real Decreto que fija las capacidades de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades y ciudades autónomas es, sin duda, un respiro para territorios como Ceuta y Canarias. No hablamos de cifras frías, sino de una realidad que desbordó hace tiempo la capacidad de respuesta de estas ciudades, que han tenido que improvisar recursos y multiplicar esfuerzos para atender a miles de niños que llegaron solos a nuestras costas. En Ceuta, con 132 plazas oficiales y más de 500 menores bajo tutela, la situación era insostenible.

Es cierto que el mecanismo de derivación llega tarde. El colapso se produjo el verano pasado y desde entonces el Gobierno local viene alertando de que no podía más. Sin embargo, más vale tarde que nunca. A partir de este jueves, se abre una ventana de esperanza para Ceuta: el traslado progresivo de cientos de menores a comunidades con más margen aliviará la sobreocupación extrema y permitirá atender mejor a los niños que sigan llegando. El paso de activar la “contingencia migratoria extraordinaria” marcará un antes y un después en la forma de afrontar esta presión.

La polémica, sin embargo, no se ha hecho esperar. Once comunidades autónomas han recurrido al Constitucional el decreto que regula esta redistribución. Alegan invasión competencial y falta de respeto a la autonomía. Pero mientras se enredan en tecnicismos jurídicos, en Ceuta y Canarias hay miles de menores que siguen durmiendo en centros de emergencia. En este caso, la solidaridad interterritorial no debería ser una opción, sino una obligación moral y política.

Lo cierto es que el problema de los menores migrantes no se va a resolver con un decreto ni con traslados temporales. Mientras Marruecos contenga la presión en su lado de la frontera, el flujo será menor, pero sabemos que la situación puede cambiar en cuestión de días. La clave pasa por una estrategia de Estado a largo plazo, con recursos estables, financiación suficiente y cooperación real con los países de origen y tránsito.

Ceuta respira, pero sigue en vilo. El reparto aliviará, pero no soluciona la raíz del problema. Lo que no puede repetirse es que una ciudad de 80.000 habitantes asuma sola lo que corresponde al conjunto del país. En este punto, el Estado debe ser firme: no hay lugar para excusas ni para cálculos políticos. La infancia migrante no entiende de competencias, entiende de derechos. Y esos derechos están por encima de cualquier disputa autonómica.