Las fuerzas de seguridad actuarán si se boicotea el reparto de menores

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intervendrán si algún territorio pretende obstaculizar la redistribución de los casi 4.000 migrantes que actualmente tutelan la comunidad de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Así lo ha advertido hoy el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en unas declaraciones que encontraban el respaldo de su compañero de gabinete el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha subrayado que no cumplir con las normas acarrea consigo “consecuencias legales”.

El Consejo de Ministros aprobaba ayer martes el real decreto por el que se fijan las capacidades de los sistemas de protección a la infancia y adolescencia de las comunidades y ciudades autónomas. Este trámite es el paso previo para activar el mecanismo de derivación de 3.900 menores migrantes desde los territorios donde la presión migratoria es más acusada.

La Ciudad Autónoma de Ceuta atiende en la actualidad a 520 menores extranjeros no acompañados, una cifra que se sitúa muy por encima de las capacidades de sus recursos asistenciales.

El PP y las comunidades autónomas gestionadas por sus barones han mostrado su rechazo a los criterios establecidos por el Gobierno para la redistribución de los menores, hasta el punto de llegar a calificar el sistema de reparto diseñado de “ilegal” y “arbitrario”. Una decena de comunidades autónomas gobernadas por los populares han presentado sendos recursos al Tribunal Constitucional.

“No me cabe que ningún presidente o presidenta vaya a no cumplir la ley”, aseguraba el ministro Torres, quien no ha dudado en señalar qué ocurriría si esto sucede. “Lógicamente tendrán que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacer que se cumpla la legislación”, ha insistido.

Más allá, Torres ha cuestionado del éxito de los recursos que las comunidades del PP han interpuesto ante las instancias judiciales. “Han ido al Tribunal Constitucional, algunas han ido al Supremo: adelantan o avanzan que van a ir, están en su derecho, pero creo que hemos hecho una modificación legislativa absolutamente justa», ha defendido el titular de Política Territorial.

Bolaños: “No imagino que se quiera incumplir la ley”

El ministro Bolaños ha abundado en los argumentos utilizados por Torres, al tiempo que ha sostenido que los criterios utilizados para la redistribución de los menores son “objetivos, claros y transparentes”.

“Es un decreto aplicable y, sinceramente, no me imagino que las comunidades, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, quieran incumplir la ley abiertamente”, ha afirmado.

El real decreto aprobado por el Gobierno pretende fijar el número de plazas de acogida con las que debe contar cada comunidad. Según los criterios utilizados, las que mayor capacidad tienen en toda España son las comunidades de Andalucía (2.827), Madrid (2.325), Valencia (1.767), Cataluña (2.650) y Galicia (886).

La capacidad ordinaria de los sistemas de acogida ha quedado cifrada en una ratio de 32,6 plazas para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto del país.

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