Formalizada la solicitud para declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria en la ciudad

El proceso para que, tras meses de reclamaciones, Ceuta vea aliviada la presión migratoria que a día de hoy se traduce en la presencia en sus centros de acogida de 520 menores extranjeros no acompañados ya ha arrancado. La Consejería de Presidencia y Gobernación formalizaba esta mañana la solicitud para que Ceuta sea declarada como ciudad en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Este trámite abre el camino para que el Gobierno central inicie el traslado a otras comunidades autónomas de los menores que saturan los recursos asistenciales de la Ciudad. Ceuta sigue así los pasos del Gobierno canario, que ya formalizó el pasado martes la misma solicitud.

El Gobierno local del popular Juan Vivas ha reclamado reiteradamente durante meses la habilitación de un mecanismo de derivación de los menores ágil para poner fin al colapso de las infraestructuras asistenciales. Ese mecanismo comenzó a forjarse con la decisión del Ejecutivo central de modificar la Ley de Extranjería a fin de que la recepción de los menores extranjeros tuviera carácter obligatorio para las comunidades autónomas. El último paso se daba el pasado martes con la aprobación por el Consejo de Ministros de un real decreto que precisa la capacidad de acogida de cada autonomía y los compromisos que cada una de ellas debe asumir para garantizar la atención de los menores.

Según los criterios del Gobierno central, la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida se fija en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España. Ceuta se situaría así en una capacidad de 27 plazas. La norma contempla que un territorio puede solicitar la declaración de contingencia migratoria extraordinaria una vez que acredita que el número de menores acogidos triplica su capacidad ordinaria, exigencia que en el caso actual de la ciudad se supera holgadamente.

Mientras, la polémica política suscitada en torno a la distribución de los menores no cesa. Once comunidades gobernadas por el PP han mostrado su desacuerdo con el decreto que regula el mecanismo de reparto de menores, que han llevado ante el Tribunal Constitucional.

Los populares insisten en que el Gobierno ha arbitrado unos criterios que perjudican los intereses de sus gobiernos autonómicos mientras libera de responsabilidad en la acogida a Cataluña y el País Vasco.

Los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, advertían el miércoles de que cualquier poder público que se opusiese al cumplimiento de lo establecido en la norma habrá de afrontar las correspondientes “consecuencias legales”.

La vicesecrataría de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, reprochaba hoy a los ministros “su lenguaje amenazante y chantajista”.

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