El PSOE denuncia el "flagrante abuso institucional" del nombramiento del ex interventor José María Caminero

El PSOE de Ceuta manifiesta su "más enérgico rechazo" ante "la última maniobra del Gobierno de Juan Vivas", que ha aprobado la creación a medida de una Dirección General de Control Financiero para, acto seguido, nombrar en el cargo a José María Caminero Fernández, recientemente jubilado como interventor accidental general de la Ciudad Autónoma. Un nombramiento que, para las y los socialistas ceutíes, es un "flagrante abuso institucional".

Desde el PSOE consideran que este nombramiento "evidencia una ve más la utilización partidista que hace Juan Vivas de los recursos de la Ciudad para beneficiar a personas afines, sin respetar los principios básicos de mérito, capacidad, transparencia e imparcialidad, priorizando los intereses de los suyos frente al interés general".

"No puede entenderse como una coincidencia que, apenas unas semanas después de su jubilación, se cree una nueva estructura orgánica a medida del ex interventor accidental. Este tipo de actuaciones socavan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y profundizan en la degradación democrática de la administración local bajo el mandato del Partido Popular, señalan en una nota de prensa.

Las razones esgrimidas por el Gobierno de Vivas resultan para los socialistas "cuanto menos sorprendentes", señalan, citando las explicaciones del portavoz Alberto Gaitán: "reforzar el control interno y externo de la gestión económica financiera de la Ciudad" y "cumplir la normativa tanto estatal como local en materia de control financiero".

"La desfachatez de este Gobierno no deja de sorprendernos", reprochan desde el PSOE de Ceuta. "Por un lado alegan la necesidad del control financiero de la Ciudad, algo que no han considerado necesario en casi un cuarto de siglo en el Gobierno y que ahora al parecer resulta urgente, pero sólo para colocar al ex interventor, cuyo relevo además se ha venido reclamando año tras año desde el Tribunal de Cuentas, al tratarse de un nombramiento provisional que se ha alargado durante más de dos décadas", señalan desde el PSOE, recordando que el TCu ha pedido reiteradamente en sus informes anuales la provisión de los puestos de interventor y secretario, cargos de habilitación nacional, para su inclusión en los concursos unitarios que anualmente celebra el Ministerio de Hacienda, al tratarse de dos figuras cruciales destinadas al control financiero y legal del funcionamiento de la Ciudad, pero ocupadas de forma interesadamente accidental durante años.

"Queda meridianamente claro que el Gobierno ha cumplido reiterada y deliberadamente la norma que ahora dice querer cumplir, pues el señor ex Interventor se ha mantenido durante más de dos décadas de manera accidental en su puesto sin que Vivas moviera un dedo".

Pero, pese a todo, "el Ejecutivo del PP tiene la desvergüenza de afirmar que Caminero es la persona idónea por su experiencia, por sus conocimientos de la materia y porque tiene la titulación aconsejada", se indignan desde el PSOE de Ceuta. "Si el criterio es la experiencia acumulada, esperamos que no se jubile ningún funcionario más dentro del Gobierno", comparan desde el PSOE con ironía. "Y su titulación es cuestionable —añaden— no debemos olvidar que en sus más de veinte años de ejercicio no ha sido capaz dejar de ser accidental y acceder a la titularidad de la plaza que ha mantenido".

Por todo ello, desde el PSOE exigen explicaciones públicas al presidente Juan Vivas sobre los motivos reales de esta decisión y se ha solicitado por escrito a la Consejera de Hacienda que indique las diferencias en las funciones de la dirección General de Hacienda y Presupuestos y la de reciente creación, Dirección General de Finanzas. Además, así como que indique qué organismo asumía hasta este momento las funciones de esta nueva Dirección General, al parecer imprescindible.

"Desde el PSOE de Ceuta reafirmamos nuestro compromiso con una administración pública al servicio de la ciudadanía y no de intereses personales o políticos. Este tipo de prácticas no pueden normalizarse ni quedar impunes", concluyen.

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