CSIF reclama a Hacienda habilitar crédito en los Presupuestos para la subida salarial de 2025

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que habilite el crédito necesario en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para atender, entre otras cuestiones, el incremento de las retribuciones de empleados y empleadas públicas a partir de 2025. La medida, de aplicarse, tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero del próximo año.

La petición coincide con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden que dicta las normas para la elaboración de los PGE de 2026, que fija el próximo 12 de septiembre como fecha límite para que los órganos y entidades del sector público presenten sus propuestas presupuestarias.

Desde CSIF han subrayado que este trámite constituye una oportunidad para incorporar en la nueva normativa medidas que mejoren las condiciones laborales y económicas del personal del sector público. Según el sindicato, esto no solo repercutiría en la calidad de los servicios públicos, sino que también fortalecería el Estado de Bienestar, protegería el capital humano de las administraciones y garantizaría los derechos de las personas trabajadoras.

Principales reclamaciones

En su escrito, CSIF desgrana un amplio listado de demandas que considera prioritarias:

• Incremento salarial vinculado al IPC, con efectos retroactivos a enero de 2025, y recuperación del poder adquisitivo perdido, que estiman en más del 20%.
• Restauración del régimen retributivo previo a 2010, con el 100% de las pagas extra.
• Equiparación salarial entre empleados públicos de un mismo cuerpo y escala, independientemente de la administración en la que trabajen, con el fin de acabar con desigualdades retributivas.
• Adecuación de los grupos profesionales conforme al Estatuto Básico del Empleado Público y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
• Actualización de indemnizaciones por razón de servicio —dietas, manutención, uso de vehículo— y de las compensaciones por residencia, congeladas desde hace más de 25 años.
• Homologación salarial del personal laboral en el exterior, ajustada al nivel de vida de cada país.
• Eliminación de la tasa de reposición en la oferta de empleo público, lo que permitiría ajustar plantillas a las necesidades reales de cada administración.
• Flexibilización de la promoción interna, vinculándola a cursos selectivos en lugar de complejos procesos de oposición.
• Establecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales, para evitar diferencias entre administraciones.
• Regulación de la jubilación parcial y anticipada para colectivos con trabajos especialmente penosos, peligrosos o insalubres, además de la jubilación voluntaria a los 60 años en el Régimen General.
• Equiparación de las pensiones de Clases Pasivas con las del Régimen General de la Seguridad Social.

CSIF ha recordado que muchas de estas demandas llevan años sobre la mesa y que su implementación es clave para dignificar las condiciones de los empleados públicos. El sindicato considera “urgente” que se blinde el incremento salarial en los próximos PGE y que se abra una negociación que permita avanzar en el resto de mejoras.

Con estas medidas, la organización sindical asegura que se busca “un reconocimiento real” al trabajo del personal del sector público y una apuesta por servicios públicos de calidad en beneficio de toda la ciudadanía.

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