Ceuta podrá acceder a las ayudas estatales por emergencias de Protección Civil

El Gobierno de España abrió el pasado jueves 28 de agosto un procedimiento extraordinario para que las comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, puedan acceder a las ayudas estatales por emergencias de protección civil en aquellos casos de incendios, inundaciones u otros fenómenos meteorológicos adversos registrados entre el 23 de junio y el 25 de agosto que no fueron comunicados en su momento al Centro Nacional de Emergencias (CENEM).

Según ha informado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, esta medida permitirá ampliar la declaración de zonas afectadas y evitar que los damnificados queden excluidos del paquete de ayudas regulado por el Real Decreto 307/2005, pese a que los episodios no constaban en el acuerdo aprobado esta semana por el Consejo de Ministros.

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha remitido instrucciones a los responsables autonómicos y a las delegaciones del Gobierno para que trasladen la información pendiente. Una vez comunicada, Interior actualizará la relación de territorios afectados y elevará la propuesta al Consejo de Ministros.

“En atención a la excepcional magnitud y complejidad de los incendios que se han producido, y en aras a evitar que la falta de comunicación de los sucesos al CENEM se traduzca en un perjuicio a la ciudadanía y a los territorios afectados, con carácter excepcional se va a realizar una propuesta de ampliación de declaración de zonas afectadas por incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos acaecidos entre el 23 de junio y el 25 de agosto”, ha explicado Barcones en una carta.

En su escrito, la directora general también precisa que el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado martes 26 de agosto recoge un extenso listado de emergencias identificadas por la población más próxima al inicio de la misma, pero “sin perjuicio de que posteriormente hayan afectado a otro u otros municipios, lo que se tendrá que acreditar debidamente”.

El acuerdo aprobado el citado martes por el Consejo de Ministros recogía un extenso listado de emergencias, pero dejaba fuera aquellas que, por distintas circunstancias, no fueron notificadas en su inicio ni elevadas a Situación Operativa 1 o 2 de los planes de Protección Civil.

Ahora, con esta medida extraordinaria, Ceuta, Melilla y las comunidades autónomas podrán incorporar los episodios omitidos y anticipar la gestión de ayudas a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

El Real Decreto 307/2005

Con la aprobación el pasado martes 26 de agosto del Real Decreto 307/2005, el Gobierno ha fijado las directrices y criterios comunes que deben incluirse en los planes autonómicos de prevención de incendios. Esta a norma estaba pendiente desde la oleada de incendios de 2022, que hasta este agosto había sido el peor año del siglo en cuanto a incendios a nivel nacional.

No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica explicó recientemente que, al tratarse de una competencia compartida con las comunidades autónomas, el proceso de alegaciones ha sido muy complejo y no se ha podido aprobar hasta tres años después.

En 2022 también se modificó la Ley de Montes para establecer que las comunidades autónomas, ante el riesgo general de incendios forestales, elaboraran y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

Más de 400.000 hectáreas calcinadas este agosto en España

La oleada de incendios que ha asolado la península ibérica durante este mes de agosto ha empezado a remitir la semana pasada, aunque aún continúa activa y se ha cebado especialmente con el noroeste peninsular. En lo que va de 2025, las imágenes por satélite muestran la destrucción de al menos 400.000 hectáreas por el fuego a nivel nacional. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) señala que este 2025 está siendo la temporada de fuegos más devastadora desde la puesta en marcha del citado sistema en el año 2000.

Este cálculo solo incluye los incendios de más de 30 hectáreas que se han podido identificar por imágenes de satélite y de los que se ha medido la superficie. Solo en en el año 2022, cuando se elaboró el Real Decreto ahora aprobado, se habían superado las 300.000 hectáreas calcinadas detectadas desde el espacio.

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