Casi la mitad de los menores extranjeros sometidos a pruebas de edad resultan ser adultos, según la Fiscalía

Casi uno de cada dos menores extranjeros no acompañados (menas) que se someten a pruebas para determinar su edad resulta ser mayor de 18 años, según recoge la memoria anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2024.

El documento refleja que el 49,42 % de las personas evaluadas superaban la mayoría de edad, lo que pone en cuestión la presunción de minoría con la que suelen llegar a los centros de acogida. En total, se practicaron 7.562 pruebas médicas, 140 más que en 2023 y más del doble de las realizadas en 2022.

De estas, 2.457 concluyeron que los solicitantes eran adultos, mientras que en torno a la mitad confirmaron la condición de menores o no arrojaron resultados concluyentes. Además, 1.280 expedientes quedaron sin resolver debido a que los jóvenes abandonaron los centros antes de someterse a la prueba.

El informe sitúa este fenómeno en el contexto de un incremento sostenido en la llegada de menores extranjeros a España. Según los datos oficiales, en 2022 se contabilizaron 2.375 llegadas por vía marítima, cifra que se duplicó en 2023 hasta los 4.865 casos y alcanzó los 5.922 en 2024.

La mayoría de los recién llegados en 2024 fueron varones, 5.291 en total, aunque también se detectó un notable aumento en la llegada de niñas: pasaron de 238 en 2023 a 631 en 2024. Ceuta y Melilla fueron los principales puntos de entrada, con 2.915 registros, de los cuales la ciudad autónoma de Ceuta concentró la mayor parte.

La radiografía de los menores tutelados al cierre del año muestra que 16.041 se encontraban bajo tutela o acogimiento en las comunidades autónomas, lo que supone más de 3.000 más que un año antes. De ellos, 13.438 eran chicos y 2.603 chicas.

Por países de procedencia, Marruecos encabezó la lista con 4.393 menores, seguido de Senegal (2.379), Mali (1.794), Ucrania (1.688), Gambia (1.471) y Argelia (1.449). Sin embargo, durante todo el año apenas se tramitaron ocho repatriaciones, correspondientes a Colombia, Rumanía y Francia.

La memoria también pone de relieve el coste económico de la tutela. El gasto mensual medio por cada menor asciende a 4.400 euros, lo que eleva la factura anual a unos 847 millones de euros. En algunas comunidades, la cifra es todavía mayor: en Madrid se alcanzan los 5.762 euros mensuales por plaza y en Andalucía se superan los 9.800 euros.

La presión sobre los sistemas de acogida es evidente en regiones como Baleares, donde el número de menores argelinos se duplicó en un año, pasando de 180 en 2023 a 368 en 2024. Esta situación ha puesto al límite la capacidad de los centros.

En Canarias, las pruebas de determinación de edad también han marcado la gestión migratoria. Solo en Tenerife se tramitaron 1.420 expedientes, con 504 adultos identificados y 438 menores confirmados. En Las Palmas se abrieron 790 procedimientos, que concluyeron con 152 adultos y 386 menores.

La Fiscalía advierte de que la narrativa oficial, que presenta a todos los menas como “niños que huyen de conflictos bélicos”, no se corresponde con la realidad. El informe detalla que casi el 90 % son varones y que solo una parte minoritaria procede de países en guerra, principalmente Ucrania.

En su mayoría, los menores provienen de naciones que no atraviesan conflictos armados, como Marruecos, Mali, Argelia y Senegal, lo que cuestiona el enfoque gubernamental sobre este fenómeno.

Los datos también revelan que muchos de los supuestos menores no lo son en realidad, lo que complica la gestión de los recursos públicos y la convivencia en los centros de acogida. A ello se suma el problema de los abandonos y la escasa efectividad de las repatriaciones.

En conclusión, la Fiscalía sitúa a España ante dos grandes desafíos: por un lado, la saturación de los sistemas autonómicos de protección, y por otro, la brecha entre el discurso oficial y la realidad estadística, que refleja un escenario muy distinto al que se transmite públicamente.

Un escenario, resume el informe, que combina un aumento sostenido de llegadas, un alto coste económico y una presión creciente sobre los servicios públicos, en un contexto en el que la mayoría de los menores provienen de países sin conflicto bélico y casi la mitad de los evaluados resultan ser adultos.

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