La reivindicación de la reducción de la jornada laboral, sobre ruedas

Una caravana de vehículos ha sido el instrumento que los sindicatos han utilizado este martes para reclamar de manera pública y a pie de calle la implantación de la jornada laboral de 37,5 semanales. La movilización se promueve en la víspera del debate en el Congreso del proyecto de ley impulsado por el Ministro de Trabajo y Economía Social para abordar, por primera vez desde 1983, una iniciativa dirigida a reducir la duración de la jornada laboral en España. Precisamente, mañana, horas antes de que la Cámara Baja se pronuncie, CCOO y UGT han convocado a los trabajadores ceutíes a concentrarse a mediodía en la Plaza de los Reyes.

Una veintena de automóviles, engalanados con banderolas de los dos sindicatos y lanzando soflamas en defensa del derecho a una jornada de trabajo reducida, partía a mediodía de la explanada de El Chorrillo para recorrer las calles del centro de la ciudad.

Según las estimaciones de las organizaciones sindicales, el número de trabajadores que en Ceuta se beneficiaría de la reducción de la jornada planteada por el Gobierno asciende a unos 18.000. De todas maneras, y según apuntan ya algunas informaciones periodísticas, los diputados de Junts, de cuyo voto depende que la iniciativa prospere, se opondrán al proyecto de ley.

Productividad vs. remuneraciones

La argumentación de los sindicatos para reclamar la necesidad de modificar la jornada laboral recurre a consideraciones relacionadas con la progresiva descompensación entre el crecimiento de la productividad, al alza en España, y las remuneraciones de los trabajadores. Además, insisten en que el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros consagra el derecho al descanso y la conciliación de la vida personal y laboral y favorece el reparto del tiempo de trabajo y de los beneficios que genera.

CCOO y UGT consideran que la norma refuerza el derecho a la desconexión y habilita un sistema de registro eficaz para desterrar definitivamente las horas extraordinarias que ni se pagan ni se cotizan ni se declaran. “Si la ley prospera, el control de esas horas será más sistemático y mucho más concienzudo, con lo cual, evidentemente, se tendrían que pagar estas horas extra o las empresas tendrían que contratar a más personal”, explica el secretario general de CCOO, Ángel Lara.

Las organizaciones sindicales alertan de las consecuencias que ha traído consigo la demora en la aprobación de una ley cuyo futuro se decidirá mañana en la Cámara Baja. CCOO y UGT aseguran que la incertidumbre generada en torno a la norma bloquea muchas mesas de negociación colectiva, donde, según aseguran los representantes de los trabajadores, la patronal aduce la falta de claridad legislativa para oponerse a sus propuestas.

En la víspera del debate en el Congreso, los sindicatos continúan lanzando mensajes con la intención de persuadir a las fuerzas políticas que se oponen a la aprobación del proyecto de ley para que reconsideren su posición. Pese a que la aprobación del proyecto de ley se antoja, a la espera de acontecimientos, difícil, las organizaciones sindicales ya han avanzado que continuarán trabajando para que la jornada de las 37,5 horas acabe siendo realidad. “Si no sale adelante, insistiremos al Gobierno para que vuelva a tramitar la ley ante el Congreso y, por supuesto, volveremos a salir a la calle para manifestarnos”, asegura el secretario de Organización de UGT, Mohammad Amar Azouagh.

Un proyecto que parece abocado al fracaso parlamentario

La intención del Gobierno de PSOE y Sumar de implantar la jornada laboral de 37,5 horas semanales tiene todos los visos de acabar convertido en un esfuerzo improductivo. La determinación de Junts de votar en contra del proyecto de ley que mañana se debate en el Congreso de los Diputados hará descarrilar la iniciativa de no producirse una rectificación de última ahora.

Pero, ¿qué perderán los trabajos si, tal y como parece, la Cámara Baja rechaza la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros?

La ley diseñada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social establece una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales y supone una revisión de la norma actualmente vigente, aprobada durante el Gobierno del socialista Felipe González, que la fija en 40 horas.

El Gobierno justifica la necesidad del proyecto en la conciliación del incremento experimentado por la productividad, que ha crecido en España un 53%, con la remuneración de los asalariados, que tan solo aumentó un 22%.

La estimación de Ministerio es que esta nueva ley, de entrar en vigor, beneficiaría a unos 12,5 millones de trabajadores, de los que 10,5 son a tiempo completo y 2 a tiempo parcial. Según las estimaciones sindicales, la medida alcanzaría a unos 18.000 trabajadores en Ceuta.

Por sectores, más de la mitad de los beneficiarios de la reducción se encuadran en los de comercio, industria manufacturera, hostelería y construcción. El Ministerio mantiene que en estas actividades los márgenes empresariales han crecido por encima de la media en los últimos años. En la hostelería, por ejemplo, han aumentado un 105% desde el año 2009 y un 35% desde 2019.

Más allá de la reducción de las horas de trabajo, núcleo principal del proyecto, la norma que el Gobierno central pretende sacar adelante contempla otra serie de medidas relevantes, entre las que se cuenta la modificación de la regulación correspondiente al registro de jornada. La intención es la de implantar un nuevo sistema que garantice la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad de modelo.

Así, el proyecto prevé la desaparición del registro de la jornada en papel y su reemplazo por medios digitales. El trabajador ha de ser el encargado de practicar de forma personal y directa los correspondientes fichajes.

Además, se contempla que, amén de las horas de inicio y finalización de la jornada laboral, se registren todas aquellas pausas que afecten a su cómputo. La representación legal de los trabajadores y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberán, según el proyecto, disponer de acceso al registro completo. Ese acceso deberá poder ser realizado por ambos de forma remota.

Finalmente, el documento sometido mañana a la consideración del Congreso por el Gobierno busca profundizar en la regulación del derecho del trabajador a la desconexión digital.

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