Si en tu oficina tienes esto, el Estatuto de los Trabajadores avisa: está prohibido y puede traerte problemas

El debate sobre la videovigilancia en el trabajo vuelve a estar en el centro de la polémica. Según el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Protección de Datos (LOPDGDD), los empresarios pueden instalar cámaras de seguridad en la oficina, pero únicamente bajo condiciones muy específicas.

El artículo 22 de la normativa establece que el uso de cámaras está permitido siempre que la finalidad sea proteger a las personas, bienes o instalaciones, o supervisar la actividad laboral. Sin embargo, la ley marca límites muy claros:

• Está prohibido grabar en vestuarios, aseos, comedores o zonas de descanso .
• Los trabajadores deben ser informados previamente de la existencia de las cámaras de vigilancia.
• Las grabaciones no pueden almacenarse por más de 30 días .

Además, el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores recuerda que cualquier medida de control empresarial debe respetar la dignidad y los derechos de los empleados. Esto implica que, aunque las cámaras sean legales, no pueden utilizarse como herramienta de acoso o control desmedido.

En la práctica, esto significa que si en una oficina se instala una cámara sin informar a los empleados, o se coloca en zonas privadas, la empresa estaría incurriendo en una infracción grave que puede acarrear sanciones importantes.

Por ello, tanto empleados como empresarios deben conocer la normativa para evitar problemas legales. Una simple cámara mal ubicada puede ser motivo de conflicto laboral e incluso derivar en multas y demandas.

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