Golpe a los okupas: se acabó usar a los hijos para alargar la estancia ilegal en viviendas

OKUPAS

Una nueva reforma legal cambia las reglas del juego contra la okupación en España. A partir de ahora, los okupas ya no podrán ampararse en la presencia de menores para retrasar los desahucios. Los propietarios celebran una medida que promete agilizar los juicios y cerrar un resquicio que alimentaba esta práctica ilegal.

El Confidencial
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Durante años, la presencia de menores en una vivienda ocupada ha sido uno de los principales argumentos para retrasar los procesos judiciales de desalojo. Con la legislación anterior, los jueces priorizaban la intervención de los servicios sociales y el estudio de la vulnerabilidad de los niños, lo que generaba retrasos que beneficiaban directamente a los okupas.

Sin embargo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en el Congreso pone fin a este escenario. La medida, impulsada por el PNV y apoyada por partidos como el PP, Junts, UPN y Coalición Canaria, establece juicios rápidos en un plazo máximo de 15 días para los casos de allanamiento de morada y usurpación.

Esto significa que ya no se tendrán en cuenta factores como la presencia de menores a la hora de decidir sobre la permanencia ilegal en una vivienda. No obstante, el bienestar de los niños seguirá protegido, ya que sus necesidades continuarán siendo atendidas por los servicios sociales, pero sin que ello implique retrasar los procedimientos judiciales.

La reforma busca cerrar una de las lagunas legales más aprovechadas por los okupas en los últimos años, que utilizaban la presencia de hijos como escudo frente a los propietarios y la justicia. Según expertos en derecho, la medida tendrá un efecto disuasorio y permitirá que los propietarios recuperen sus inmuebles en plazos mucho más cortos.

Aunque aún existen problemas como la inquiokupación —cuando un inquilino deja de pagar pero sigue en la vivienda—, esta nueva herramienta judicial representa un paso importante para poner límites a un fenómeno que afecta a miles de familias en España.

Los propietarios aplauden la decisión, convencidos de que por fin “se empieza a ver la luz al final del túnel” frente a una problemática que ha generado frustración y sensación de impunidad durante demasiado tiempo.

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