Una condena como obstáculo a la gestión eficaz de crisis

La inmigración y la protección de los menores no acompañados están siempre en el centro del debate, y Ceuta y los ceutíes sabemos de esto, pero conviene detenerse a mirar con calma lo que ha ocurrido con Mabel Deu y Salvadora Mateos. Ambas han sido condenadas a una pena de inhabilitación por haber participado en la repatriación de 55 menores hacia Marruecos. Una decisión judicial que ha provocado críticas, apoyos y un sinfín de opiniones encontradas. Pero más allá de los titulares, este caso debería servirnos para reflexionar sobre algo mucho más grande: cómo se están gestionando las políticas migratorias en situaciones límite y qué margen real tienen los responsables públicos para actuar en mitad de una crisis.

Porque hay que ser claros: las decisiones de este tipo no se toman en un despacho cómodo y con todo el tiempo del mundo. Se toman en un contexto de caos, de incertidumbre y de urgencia. Lo que pasó en Ceuta no fue una situación normal, fue un momento desbordado que exigía actuar rápido. Y en medio de ese panorama, la repatriación de esos menores hacia Marruecos no fue un gesto caprichoso, sino una medida tomada con la intención de ofrecer una salida a una crisis humanitaria sin precedentes.

Mabel Deu y Salvadora Mateos no buscaban hacer daño ni mirar para otro lado. Su preocupación siempre ha estado en la seguridad de esos niños y adolescentes, que habían llegado solos, sin nadie que los protegiera y en unas condiciones que difícilmente podían calificarse de dignas. Los centros de acogida estaban saturados, las condiciones eran muy precarias y el riesgo de que estos menores acabaran siendo víctimas de redes de explotación era más que evidente. En ese escenario, la repatriación se entendía como una vía para tratar de devolverles un entorno más seguro: volver con sus familias en Marruecos, bajo acuerdos bilaterales que ya existían.

¿Fue el procedimiento el más correcto desde el punto de vista legal? La sentencia dice que no. Pero eso no cambia la intención de fondo: se trataba de buscar lo mejor para esos chicos. Aquí conviene recordar algo que muchas veces se pierde de vista en este debate: la repatriación no significa abandono ni castigo, puede ser también una forma de proteger, de evitar que un menor quede atrapado en un sistema que ni le ofrece futuro ni le garantiza seguridad.

Lo que resulta preocupante es que se criminalice la decisión política tomada en un momento tan delicado. La justicia, por supuesto, es necesaria y debe aplicarse, pero no siempre tiene en cuenta las circunstancias que rodean a un hecho. No es lo mismo tomar una decisión en frío que hacerlo cuando tienes a cientos de menores desbordando un sistema de acogida que no tiene recursos suficientes. Penalizar a quienes intentan actuar en medio de una crisis es, cuanto menos, injusto. Lo que debería hacerse es analizar las decisiones con perspectiva, teniendo en cuenta los datos y la situación real de aquel momento.

Y es que este caso abre un debate mucho más amplio. ¿Son eficaces las políticas migratorias actuales? ¿Están realmente pensadas para proteger a los menores que llegan solos? Lo cierto es que no. El sistema de acogida en España y en Europa lleva tiempo demostrando que no tiene capacidad para dar respuesta adecuada. Los recursos son limitados y las alternativas escasean. Por eso, aunque suene duro, la repatriación a veces es la opción que puede ofrecer una vida más segura y un futuro más estable para esos niños.

La condena a Deu y Mateos no debería quedarse en el simple análisis de si lo hicieron bien o mal, sino servirnos como aviso de que algo falla en el modelo. Si seguimos dejando que los menores migrantes se pierdan en un sistema frío y burocrático, nunca vamos a darles la protección que merecen. Y esa, en realidad, debería ser la prioridad de todos: políticos, jueces, instituciones y ciudadanos.

Es fácil, desde la distancia, juzgar y criticar. Lo difícil es estar en el lugar de quienes tienen que decidir qué hacer con decenas de menores en situación de vulnerabilidad. Criminalizar esas decisiones no ayuda a mejorar nada. Lo que necesitamos es que se fortalezcan los centros de acogida, que haya más cooperación internacional, que se destinen más recursos a la reintegración de los menores en sus familias y que se establezca un sistema de seguimiento para garantizar que su retorno no los exponga a nuevos riesgos.

Así pues, lo que este caso pone sobre la mesa es la necesidad de repensar de arriba abajo las políticas migratorias, con un enfoque mucho más humano y realista. Porque detrás de cada expediente, de cada informe y de cada número, hay niños de carne y hueso. Niños que merecen protección, seguridad y oportunidades, no debates eternos que nunca se traducen en soluciones.

Por eso, más que ver la condena a Mabel Deu y Salvadora Mateos como un triunfo de la justicia, deberíamos verla como una oportunidad para aprender y para mejorar. Ellas intentaron, con los medios que tenían, proteger a los menores de un mal mayor. Y lo que ahora nos toca a todos es exigir que las políticas migratorias sean más humanas, más comprensivas y, sobre todo, más eficaces.