El defensor del Pueblo realiza un llamamiento para combatir los mensajes “intolerantes y xenófobos” contra los MENA

El Defensor del Pueblo ha dejado constancia en los últimos años de su preocupación por el elevado número de niños y niñas tutelados por las administraciones públicas y que permanecen en centros residenciales durante periodos prolongados. En lo relativo a los menores extranjeros no acompañados, un año más, se han recibido numerosas quejas relacionadas con los procedimientos de determinación de la edad a extranjeros indocumentados, cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad. Se mantiene la discrepancia con la Fiscalía General del Estado sobre la idoneidad y la suficiencia de las pruebas médicas realizadas. También se siguen detectando significativas diferencias entre los datos que facilitan las entidades de protección de menores autonómicas y las que facilita el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. En 2020, a través de una Instrucción, la Dirección General de Migraciones estableció los requisitos de acceso a una autorización de residencia y trabajo de dos años, renovables por otros dos. El Defensor celebra esta medida que, junto a la aceptación de la recomendación para la modificación del régimen jurídico de las autorizaciones de residencia de los menores extranjeros no acompañados contribuirá a la necesaria mejora de la integración socio laboral de este colectivo.

Por otra parte, se han recibido quejas de organizaciones de defensa de la infancia que solicitan la intervención del Defensor para que se impulsen medidas que erradiquen la proliferación de discursos de odio contra los menores extranjeros no acompañados. En diversas ocasiones, Fernández Marugán ha realizado llamamientos para combatir los mensajes “intolerantes y xenófobos” contra estos niños y niñas.

Un año más, Fernández Marugán ha de mostrar su preocupación con la actuación y la falta de colaboración de la Dirección Provincial de Educación en Melilla que, a pesar de los reiterados requerimientos del Defensor y, de los dictámenes del Comité de Derechos del Niño, continúa sin escolarizar a un grupo de menores que han nacido en Melilla o residen en la ciudad autónoma desde hace años. Durante todo el año 2020 la Institución ha iniciado varias actuaciones y formulado sugerencias a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional para intentar solucionar esta situación.