¿Y ahora qué?

Cuando el caos se hace el dueño de una frontera, nadie puede presumir de saber contar. No sabemos cuantas personas entraron ilegalmente en España, no sabemos su condición, ni cuantos siguen en Ceuta, ni por qué.

La delegada del gobierno habla de ocho mil devueltos, y seguro que puede ser cierto, pero lo que creo que no sabe nadie es el número real de los siguen en nuestra ciudad. Tampoco tenemos datos reales del número de menores que la ciudad va a tener que atender finalmente, porque al parecer sus familias, que existen, no quieren saber nada de ellos. Evidentemente, de su gobierno ni hablamos, porque haría falta un milagro para que un país como Marruecos, se responsabilizase de sus menores. Ya sabemos para que los quiere: son su ejército de primera línea, el mayor ejemplo de inmoralidad.

Pedro Sánchez, ágil en plantarse en Ceuta, debe mostrar la misma presteza en darle una solución al problema. Porque repartir doscientos entre todas las comunidades autónomas, supone dejar arrumbados en Ceuta a… ¿cuántos? Tal vez mil o dos mil, o vaya usted a saber, y todo a cargo de los bolsillos de los ceutíes, con la permanente amenaza, además, de seguir enviando muchos más por el mismo método.

Pero hay quien está ahora entretenido en saber si un menor marroquí, fue devuelto un día de estos de modo irregular. ¿Por qué los españoles seguimos siendo tan quijotes? ¿Por qué somos una democracia? Los derechos de los menores ¿no son universales? ¿Por qué Esteban Beltrán, de amnistía internacional, no se va a Marruecos a denunciar lo que allí se hace con los niños? ¿No basta con las imágenes de las autoridades marroquíes abriéndoles una puerta que llevaba al mar, ese mar del que nuestros policías salvaban a niños de pecho? ¿Será porque allí hablar y denunciar no sale gratis?

Pero volviendo a Pedro Sánchez. El Presidente estuvo, pero ahora le toca ser. Y para ser debe ser claro y expedito en dos cuestiones. La primera, poner límite a los excesos de Marruecos. Si es verdad que a España no se la chantajea, que comience por denunciar ante los tribunales internacionales a un país, cuyo gobierno pisotea públicamente y de modo soez los derechos universales de los menores, a los que rechaza impidiendo su reagrupación familiar. Y la segunda, que es un asunto interno, es pagar la factura del coste de este pulso, porque los ceutíes ya están exhaustos frente a tanto esfuerzo.

Porque si no paga la factura de la atención de esos menores, cuya definitiva integración va para largo, para los ceutíes su visita habrá sido sólo un gesto, una foto, nada.

En un país como España, en el que se han pagado sueldos de niñeras de hijos de ministros, no debería costar tanto pagar lo que cuestan las consecuencias del comportamiento de un tirano; porque dejar en la estacada a Ceuta en una situación como esta, es poco más o menos que deslizar que tampoco importa mucho lo que Marruecos haga contra Ceuta, o sea, contra España. No es sólo una cuestión económica, que también lo es, es política, es una prueba del prestigio de un país, que no agacha la cabeza, sino que encaja el golpe, se repone y junto a sus aliados, establece una estrategia común para desactivar la injusticia y denunciar a quien la promueve. Nuestras leyes deben servir para favorecer nuestro desarrollo, no para que la inquina y la envidia de los que vulneran los derechos humanos, ganen espacio entre nosotros.