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El secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Ismael Kasrou, ha declarado en la mañana de este miércoles, a las 11:30 horas, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta en calidad de investigado por un presunto delito de Prevaricación administrativa. La misma jueza instructora está investigando dentro de la misma causa a Laura Manzano, ex directora del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno de Ceuta.
La investigación fue abierta tras la denuncia presentada al Juzgado por uno de los funcionarios de la Unidad de Costas de la Delegación, quien asegura que desde el área de Fomento se facilitó una autorización administrativa a la Ciudad, saltándose la legalidad, para el inicio de unas obras para la construcción de unas instalaciones deportivas en una zona de dominio público marítimo-terrestre de la antigua fábrica de Guano.
La denuncia se presentó el 30 de septiembre de 2019, la jueza instructora ordenó el sobreseimiento provisional de la causa el 11 de noviembre, el denunciante presentó recurso que fue estimado el 26 de junio de 2020, reabriéndose en mayo de este año las diligencias de instrucción.
Para la Audiencia, el expediente administrativo emitido por Kasrou para permitir el inicio de estas obras obliga al esclarecimiento de los hechos, ya que reconoce que los informes para solicitar la autorización contaban con “presuntas irregularidades”. Al parecer, para subsanar esas irregularidades el secretario general de la Delegación solicitó a la Consejería de Fomento de la Ciudad una corrección en el plazo de 10 días, pero el mismo día que se solicitó y “sin que conste tal subsanación ni la realización de ningún otro trámite, se otorga la autorización solicitada que es trasladada a la peticionaria al día siguiente”.
La persona que tramitó ese expediente, en el mismo en el que se había solicitado la subsanación de las irregularidades del informe, fue Laura Manzano, que además es ex cónyuge del peticionario del permiso de la obra, el ex director general de Fomento de la Ciudad, Bharat Bhagwanda, que declara como testigo en la causa el próximo lunes 5 de julio.
Las obras se encontraban suspendidas desde el 31 de octubre de 2019, después de la denuncia del funcionario de Costas, y en marzo de este año la delegada del Gobierno en Ceuta dictó resolución por la que se acuerda la extinción de la autorización otorgada a la Ciudad Autónoma de Ceuta en la zona de dominio público terrestre (antigua fábrica del guano).
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