Jacob Hachuel, en el banquillo: “Yo no soy un prevaricador”

En noviembre del año 2005 dos policías locales de Ceuta dieron una paliza a un ciudadano de 57 años durante el ejercicio de sus funciones, por lo que fueron condenados por la Audiencia Provincial como autores de un delito doloso de lesiones a dos años de prisión y un año y diez meses de inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones de policías en el Ayuntamiento. La Ciudad Autónoma de Ceuta nunca sancionó a esos dos agentes de la Policía Local condenados, que tampoco perdieron la condición de funcionarios porque la pena quedó suspendida bajo el condicionante de no delinquir y pagar una indemnización de 18.283 euros a los herederos de la víctima.

Jacob Hachuel, ex consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, fue el encargado de firmar cuando estaba en este cargo político el decreto en el que “sobreseyó” el procedimiento sancionador a los dos policías, publicado el día 05 de enero del 2016. Por firmar ese documento, se le ha juzgado este martes en la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, por un tribunal formado por tres jueces que se han trasladado desde la provincia andaluza, acusado de prevaricación administrativa.

La Acusación Particular, presentada por la familia del hombre que fue víctima de las lesiones de los policías locales, pide once años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Para esta, Hachuel “dictó el Decreto sin atender a consideración jurídica alguna, eludiéndose, además, cualquier remisión a los órganos competentes en materia de personal”.

“Mi único interés era cumplir con la ley”, declaraba el ex consejero ante el tribunal, asegurando que no quiso beneficiar a los policías locales en ningún momento y que lo único que quería es que fueran sancionados si tenían que serlo y si no, no. En este sentido, la línea de la Defensa se ha basado en que Hachuel acababa de llegar al cargo, que es enfermero y no tenía los conocimientos jurídicos necesarios para entender lo que había que hacer con los policías y que tenía mucha carga de trabajo, ya que también era el portavoz del Gobierno de Ceuta en esos momentos.

Así, el abogado de Hachuel alega que el decreto fue redactado según lo dictado por los diferentes técnicos jurídicos del Ayuntamiento, destacando el problema de que entre ellos había diferentes criterios y todavía hoy, según testificaron también en el juicio, algunos no tienen claro de si los policías deberían haber sido inhabilitados o no.

Hasta ocho funcionarios del Ayuntamiento testificaron en el juicio

Durante la vista oral testificaron ocho funcionarios, técnicos jurídicos y administrativos, que tuvieron algún cometido en el caso de los dos policías locales. Uno de los testigos clave fue el inspector que abrió el expediente sancionador y que posteriormente ordenó su archivo para trasladarlo al área de Recursos Humanos de la Ciudad, al considerar, según indicó ante los jueves, que no cabía sanción porque la sentencia de la Audiencia los inhabilitaba de su cargo.

Al contrario, otra testifical clave fue la de la jurídica de Recursos Humanos que elaboró un informe en el que se establecía que los dos policías no perdían su condición de funcionarios porque la pena, tanto de prisión como de inhabilitación, había quedado suspendida. Por lo tanto, según se deduce de las declaraciones de los diferentes funcionarios, hubo un malentendido a la hora de determinar quién tenía las competencias y una confusión entre tantos trámites burocráticos a la hora de determinar qué había que hacer con estos policías, que finalmente no recibieron ningún tipo de sanción y han seguido desarrollando sus funciones.

“Yo entiendo la condena de los policías, entiendo los hechos y entiendo la indignación de la familia”, declaraba Hachuel a preguntas del abogado de la Acusación Particular, refiriéndose a que solo intentó cumplir con la normativa y seguir con lo dictado por sus técnicos. De hecho, aseguró que para resolver la problemática estuvo hablando con todos los técnicos jurídicos que pudo y hasta realizó una consulta al mismo tribunal de la Audiencia Provincial, por lo que se preocupó por el caso y hacerlo de la mejor manera.

“Yo no soy un prevaricador, todos los pasos que he dado han ido justamente encaminados a no caer en la prevaricación”, aseguraba Hachuel, indicando que el demandante hasta fue a decirle que si le quitaba el uniforme a los policías no lo denunciaba.

La Fiscalía no ve que se haya cometido el delito de prevaricación

La representante del Ministerio Fiscal, que no se presentaba como acusación pública en esta causa contra Hachuel, defendió tras la exposición de las pruebas en su informe final que no concurren los requisitos para que se le condene por un delito de prevaricación en este caso. Según indicó la fiscal, para que se cometa este delito debe haber una decisión arbitraria a sabiendas de que es injusta así como ‘dolo’, es decir un interés y fraude por parte del funcionario público con la intención de beneficiar o dañar a alguien, lo que no ha quedado demostrado en el caso del ex consejero, que siguió las indicaciones de los técnicos y no quería beneficiar o no castigar a los policías.

La familia de la víctima insiste en que se sancione a los policías

La familia del hombre que sufrió las lesiones por parte de los policías, ya fallecido, ha insistido en que desde la Consejería de Presidencia y Gobernación se expediente a los agentes y cambie la postura mantenida hasta ahora por el Gobierno. En este juicio han mantenido lo injusta que es la decisión de no haber sancionado a estos dos agentes de la autoridad, que tras dar una paliza a un hombre no han sido nunca expedientados a pesar de ser condenados por un organo judicial.

En una carta dirigida a la actual responsable del área, Mabel Deu, la familia defendía que aunque la pena privativa de prisión y la inhabilitación quedó suspendida por la Audiencia, ese "no es motivo que impida la incoación del o de los expedientes disciplinarios" para dos policías, que sí fueron condenados como culpables.