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JUZGADO DE LO PENAL
En la madrugada del pasado 10 de junio, semanas después de la entrada masiva de extranjeros desde Marruecos, un grupo de personas se provisionó de instrumentos palos de madera, martillos, cuchillos y navajas con el objetivo de sustraer los efectos de varias personas que pernoctaban en la zona de Huerta Téllez. De estas personas, la Policía consiguió detener a un hombre, de nacionalidad marroquí y mayor de edad, que robó y la agredió a cuatro personas.
La magistrada del Juzgado de lo Penal ha condenado este jueves a ese detenido, identificado como I.B. y nacional de Marruecos, a dos años y ocho meses de prisión como autor criminalmente responsable de un delito de robo con violencia e intimidación así como a cuatro multas de 90 euros por las lesiones a las víctimas, a las que además tendrá que pagar una indemnización de 450 euros. Una vez cumpla dos tercios de su condena será expulsado del territorio español, donde no podrá regresar durante 5 años.
Según recogía el escrito de acusación pública del Ministerio Fiscal, I.B. golpeó con los elementos que portaba a las cuatro personas que se encontraban en situación de calle para robarles. En concreto, sacó una navaja a uno de ellos mientras le robaban el teléfono móvil y los 30 euros que llevaba encima, y también hizo uso de un cuchillo que colocó en el cuello de otra de las víctimas para conseguir robarle 15 euros. Utilizando el mismo procedimiento para quitar el móvil y otros 30 euros a la tercera víctima. Todo esto mientras los demás miembros del grupo golpeaba a palos a las cuatro personas que fueron robadas.
Los perjudicados, que reclamaron por las lesiones sufridas y serán indemnizados con 450 euros, sufrieron diferentes contusiones, excoraciones, esguinces e inflamaciones a causa de la agresión, aunque no hubo que lamentar ningún herido de gravedad.
La Fiscalía solicitaba en un primer momento 5 años de prisión por el delito de robo con violencia, una pena que se vio reducida gracias a la figurida jurídica de la conformidad, por la que llegaron a un acuerdo entre las partes implicadas y el acusado reconoció los hechos ante la jueza. Lo que permitió que la pena quedara, aplicando atenunantes, en 2 años y 8 meses de prisión. El marroquí, preso desde que fue detenido, cumplirá las dos terceras partes de la condena en España y, si la frontera está abierta para entonces, será expulsado a su país.
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