CCOO y UGT muestran su “total y absoluto” desacuerdo con la privatización de la Esperanza

Los representantes sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento, José López (CCOO) y Antonio Ramírez (UGT), han comparecido en la mañana de este miércoles en una rueda de prensa para denunciar las numerosas deficiencias de los servicios de la administración local. Especialmente, y dada la relevancia adquirida a raíz de la crisis migratoria, del Área de Menores, adscrita a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales. Motivo por el que han remitido una carta al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, con sus reivindicaciones.

En primer lugar desde ambas secciones sindicales han querido mostrar su rechazo ante el “comentario generalizado” de que se está estudiando externalizar la gestión del Centro de Acogida de la Esperanza, que alberga a los menores extranjeros no acompañados y que actualmente se encuentra en una situación de colapso y “con una necesidad total de trabajadores”.

Hay un total de 35 trabajadores en la Esperanza y unos 200 en todo el Área de Menores, lo que desde CCOO y UGT consideran insuficiente ante la situación que sufre este servicio desde la entrada masiva del mes de mayo, encontrándose bajo el sistema de protección del mismo más 700 menores migrantes.

En este sentido, Ramírez indicaba que una vez se dé salida a estos niños, bien a través de la derivación y reparto por las comunidades autónomas o con las repatriaciones, no será necesario externalizar, “la palabra que utilizan para referirse a su privatización”, la Esperanza. “No es lo mismo que haya 70 menores, que 700 en la ciudad autónoma”, señalaba. Por su parte, López se refería a esta posibilidad de privatizar como una manera de perjudicar a los trabajadores y “desembolsar el dinero a las empresas”.

“Queremos mostrar nuestro total y absoluto desacuerdo con la privatización de este servicio. Pero en cualquier caso vamos a estar unidos”, aseguraba Ramírez, mandando un mensaje a los trabajadores, para los que “no peligrará sus puestos de trabajos” y ambos sindicatos estarán para defender sus intereses.

La principal demanda es, por tanto, un refuerzo del servicio público del Área de Menores que se encuentra con una “evidente falta de la plantilla”, indicando que la solicitud es incorporar al 30% de la plantilla que están contratados a través de bolsas y que se cubran las plazas que ya están dentro de Oferta Pública de Empleo pero que se encuentran paralizadas.

Las centrales sindicales aseguran además que el Área de Menores se encuentra “discriminada” tanto en retribuciones como condiciones de sus trabajadores con respecto al resto de servicios, para lo que tendrán que ejercer “mucha presión” al Ejecutivo local para que empiece a atender las necesidades de este servicio de “importancia vital” especialmente en estos momentos y después de que el Parlamento europeo haya avalado el trabajo realizado durante la crisis.

Las reivindicaciones sindicales

Junto a las principales reivindicaciones sindicales que trasladan a Vivas en su escrito, que se basan en la defensa y mejora del Área de Menores, como son el refuerzo de este servicio público y de su plantilla, incluyen peticiones concretas como la de implantar “seguros de responsabilidad civil adaptados en su cobertura a los diferentes escenarios en los que se pudieran ver implicados los colectivos que conforman Menores”. Como explicaba López, “cuando un trabajador de esta área comete un error puede tener una sanción importante, por lo que debe haber seguros”.

También, piden “homogeneizar categorías que en la práctica realizan las mismas funciones: Ayudante Educativo, Cuidador, Monitor Educativo, reclasificando a estos dos últimos al grupo C1”. Así como crear puestos de Subdirector de Centro en las Unidades y Servicios que así lo requieran. “Ello con el objetivo de tener garantizado en todo momento el buen funcionamiento de los mismos”.

Otra de sus solicitudes es la implantación de la segunda actividad para aquellos trabajadores que, debido al gran desgaste psicofísico de sus labores, puedan pasar a realizar labores administrativas o que supongan un menor esfuerzo una vez cumplidos los 55 años. “Los servicios están envejecidos y deteriorados”, apuntaba López, que apuesta por esta medida para rejuvenecer los puestos de trabajo “más duros”.

Por último, también solicitan reducir en una hora y media las jornadas labores sábados y domingos, el reconocimiento inmediato de los complementos de peligrosidad y toxicidad a todo el personal con atención directa a menores y un aumento de 150 euros en las retribuciones para los centros de 24 horas de menores.