Según la documentación a la que ha tenido acceso el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), hace un año y medio se tomó la decisión por parte del Desgobierno del Sr. Vivas de permitir el acceso de una familia al completo en un recurso específico para víctimas de violencia de género, incumpliendo las normas que el propio Área tiene.

El piso tutelado, centro de emergencia y casa de acogida es un recurso de la ciudad que gestiona Cruz Roja Ceuta, en base a un programa dotado con cerca de 200.000 euros, pero en pleno comienzo de la pandemia, a finales de marzo de 2020, alguna cabeza iluminada de las que forman parte del ejecutivo local, tiene la ocurrencia de dar por hecho que en pandemia no habrá violencia de género (cuando todo apuntaba ya a lo contrario) y que por tanto, y a pesar de tratarse de un recurso dedicado exclusivamente, según el programa por el que se rige, a víctimas de violencia de género, puede dedicarse a otro uso autorizando a la entrada de una familia que no atendía a esa característica, incluso en un número superior de las personas que en principio iban a acceder al unirse varios familiares de segundo grado.

Para el MDyC este grave hecho supone que, desde hace un año y medio, las mujeres víctimas de violencia de género en Ceuta hayan sido privadas de este recurso, donde contaban con la atención y asistencia del personal de Cruz Roja y por tanto, extremadamente desamparadas.

De nada sirve que existan recursos económicos como los que provienen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, superior al millón de euros, cuando algo tan básico y esencial como el primer recurso a disposición de víctimas de violencia de género, es eliminado por parte del ejecutivo para atender a otros usuarios que deberían haber sido derivados a otros establecimientos.

Desde el MDyC esperamos que esta actuación no se deba a la realización de favores hacia cierta personas y por ello vamos a exigir que se den públicas explicaciones en relación a este absoluto despropósito y que se asuman responsabilidades por parte de quien haya tomado esa “brillante” decisión.

Para el MDyC es incomprensible que, trascurrido año y medio de “ocupación” de la casa, nadie haya tomado la decisión de proceder al envío de esta familia a su recurso correspondiente y se inicie ahora un proceso de “desahucio administrativo”, que puede provocar que se prolongue otros tres o cuatro meses, debiendo ser derivadas las mujeres víctimas de Violencia de género a hostales donde no pueden utilizar los medios que están en este piso tutelado.

Desde el MDyC nos parece inadmisible y que es consecuencia de la mala gestión de este desgobierno. Y es que no podemos más que calificar así a este ejecutivo al que se le llena la boca con la atención a personas vulnerables, cuando según la información a la que hemos tenido acceso, deja absolutamente abandonadas a su suerte a mujeres maltratadas y a sus hijos e hijas.