Gobierno y Ciudad activan la maquinaria administrativa para intentar devolver a los menores

El Gobierno central y el de Ceuta pondrán en marcha esta semana la maquinaria administrativa para, por segunda vez, tratar de devolver a los menores migrantes llegados a la ciudad autónoma durante la crisis de mayo. Tras el intento de repatriarlos sin cumplir la legislación, frenado por la Justicia, ambos ejecutivos volverán a intentarlo a través de la “vía” que marca la Ley de Extranjería.

Dos semanas después de que Pedro Sánchez se comprometiese con el presidente ceutí, Juan Vivas, a activar todos los recursos a su alcance para lograrlo, ambas administraciones prevén disponer de 31 trabajadores extra para estudiar cada expediente, contando con financiación de fondos europeos, aunque son muchas las dudas que pesan sobre el procedimiento.

El Servicio de Protección a la Infancia de Ceuta ya ha contratado a doce trabajadores sociales a través de la bolsa de empleo abierta en 2014, así como a ocho intérpretes de dariya, el árabe dialectal que se habla en el norte de Marruecos, para empezar a elaborar sus estudios individuales sobre el interés superior de cada uno de los 539 niños del país vecino llegados en mayo que actualmente acoge. Las cifras de menores cambian “casi a diario” en los distintos espacios donde se encuentran alojados en condiciones de “absoluta precariedad”.

Disponer de esos informes es imprescindible para que la Delegación del Gobierno pueda incoar caso a caso los correspondientes expedientes de repatriación, algo para lo que también necesitará contar con informes emitidos por el Reino de Marruecos que detallen, entre otros datos, “los relativos a la filiación del menor y a las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen”. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras es la encargada de solicitar estos análisis al país vecino, un trámite que todavía no se ha llevado a cabo, según reconocía la pasada semana la propia delegada en Ceuta, Salvadora Mateos.

Para abordar la realización del “mucho papeleo” que, según advirtió, queda por delante para devolver a los menores la Delegación del Gobierno prevé contar “cuanto antes” con 11 administrativos interinos suplementarios que saldrán de los aspirantes a las últimas oposiciones a la Administración General del Estado. Su misión será “hacerse cargo de la tramitación previa de los expedientes y, si procede, de la gestión de los retornos”, precisaron fuentes de la Delegación.

La tercera institución que deberá implicarse, la Fiscalía de Menores, ha recibido ya un fiscal de refuerzo para acelerar las pruebas de determinación de edad a los adolescentes no acompañados. Hasta ahora sólo se han efectuado a algo más de 400, menos de la mitad del total que se calcula que permanece en la ciudad.

Personal del Ministerio Público se reunía hace una semana con representantes de la administración central y local. La Fiscalía no ha solicitado más refuerzos a la espera de conocer la “velocidad de crucero” que alcanza el proceso, ya que su intervención sólo será protagonista una vez que, en su caso, la Delegación pueda abrir los expedientes de retorno, que el Reglamento de Extranjería exige resolver en un máximo de seis meses.

A la hora de decidir si la devolución garantiza el interés superior del menor, el criterio de la Fiscalía, como todos los demás, no es vinculante. La resolución de cada expediente recae sobre la delegada del Gobierno en Ceuta -dependiente del Ministerio del Interior- pero, en cualquier caso, “debe adoptarla de forma motivada”, según subrayan las fuentes jurídicas consultadas.

En caso de que el país vecino coopere y sus autoridades envíen a la Oficina de Extranjería de Ceuta los dictámenes marroquíes, la Delegación podrá poner en marcha las repatriaciones si entiende que a la luz de sus informes y los del Área de Menores de la Ciudad “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen”.