CCOO denuncia a la Ciudad y a SAMU el incumplimiento de la ‘Ley de Seguridad Privada’

La organización sindical entiende que esta denuncia ha hecho entrar en razón a la Ciudad Autónoma, quien anuncia que rescinde los servicios de SAMU para prestar servicio de vigilancia en los centros de menores

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La organización sindical de CCOO ha interpuesto ante la Dirección General de la Policía denuncia contra la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Fundación SAMU por el incumplimiento de la ‘Ley de Seguridad Privada’ en los centros de menores.

En la denuncia señala que la Ciudad Autónoma de Ceuta gestiona los centros y albergues de acogida de menores ubicados en Ceuta, tales como los de Pinniers, La Esperanza II y Santa Amelia, donde antes se prestaban servicios de seguridad privada, mediante vigilantes de seguridad, habilitados por el Ministerio del Interior y encuadrados dentro de empresas de Seguridad homologadas por el mismo Ministerio.

Del mismo modo, el sindicato apunta que la Ciudad rescindió los trabajos de las empresas de Seguridad, “para encomendar las funciones propias de los vigilantes de seguridad a la Fundación SAMU”, siendo esta la actual adjudicataria de los servicios anteriormente citados.

Desde CCOO afean que Samu dichos servicios los presta mediante personal que “carece de la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior para prestar servicios de Seguridad Privada”, apoyándose en la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada.

“SAMU ofertaba estas plazas en redes sociales y páginas de búsqueda de empleo como auxiliares de control con las funciones de establecer el control de los accesos, recinto, perímetro y llevas; controlar la circulación de los menores, auxiliando a los educadores en la prevención de infracciones de las normas de los centros de acogida de menores; establecer el orden, urbanidad y correcto comportamiento con los medios materiales de las instalaciones”, argumentan desde la organización sindical, apuntando que estas funciones son propias de los vigilantes de seguridad según lo establecido en la Ley de Seguridad y en su Reglamente que la desarrolla y no del SAMU.

Asimismo, subrayan que tanto la empresa como la Ciudad Autónoma “son conscientes del incumplimiento de la ley de Seguridad Privada” por lo que estos hechos son “gravísimos” ya que puede suponer “un grave riesgo para los trabajadores y trabajadoras del centro de menores, así como a los propios usuarios”.

Comisiones Obreras entiende que esta denuncia ha hecho entrar en razón a la Ciudad Autónoma, quien anuncia que rescinde los servicios de SAMU para prestar servicio de vigilancia en los centros de menores.

Por último, esta organización sindical urge a la Administración a que saque “a la mayor brevedad posible” el concurso público para adjudicar el servicio de vigilancia de seguridad privada, y que la empresa adjudicataria tenga todas las homologaciones requeridas por la legislación en materia de seguridad privada, así como que sus trabajadores dispongan del título profesional de vigilante de seguridad expedido por el Ministerio del Interior.

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