Los más de 120 abogados del turno de oficio exigen el cobro de sus honorarios desde marzo

Este 12 julio, Día de la Asistencia Jurídica Gratuita, ha sido una vez más el aliciente para que los más de 120 abogados de oficio de la Ciudad Autónoma de Ceuta sigan reivindicando mejoras para su profesión. Los abogados de Ceuta que no se encontraba de servicio este martes, se han concentrado en la Plaza de los Reyes, junto a la Delegación del Gobierno, para exigir, entre otras cuestiones, el pago de sus honorarios, los cuales llevan sin percibir desde el mes de marzo.

La decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, en representación de todos ellos y a través del manifiesto, ha presentado las quejas y “las muchas razones” que tienen para “estar indignados”, asegurando que es “una falta de respeto” que se le pongan tantas pegas para “pagar”. La abogada ha indicado que el retraso en el pago es elevado, ya que se está hablando que “nos deben marzo, abril y mayo, de turno de oficio”. El mes de junio lo van a facturar ahora, “pero no sabemos cuándo nos pagarán”.

La suma de dinero que se le debe es elevada, ya que se cuenta a nivel global y “somos 23 abogados los que facturamos al mismo tiempo al Ministerio de Justicia”. El colegio factura los servicios que han estado prestando los colegiados, pero el ministerio “no hace nada más que poner pegas”, ha asegurado, para después añadir que la razón de todo esto se resume en que “no se quieren sentar a adecuar la normativa a la realidad”.

Valriberas ha señalado que, “después de 26 años, cuando se han visto los fallos que tienen tanto la ley como el reglamento, habrá que completarlo”. Tanto ella, como los abogados allí congregados, aseguran que no es de recibo que “se obligue a una persona a hacer un trabajo que después no va a cobrar”. Es el Estado el que, por decirlo de alguna manera, obliga a asistir a quien necesite de nuestros servicios. “Pues el Estado tendrá que pagarme mis honorarios y que luego le reclame a quien se ha aprovechado de tener un abogado gratis, cuando tiene ingresos. Bastante trabajo tenemos para tener que estar encima de la gente”, ha aseverado.

Todo ello viene recogido en el manifiesto que han leído en la Plaza de los Reyes. Un manifiesto bajo el título ‘Por la dignidad de un turno vilipendiado’. “Es endémico, siempre nos quejamos de lo mismo”, ha resaltado la letrada, para después añadir que esto siempre ocurre, “sea el que sea el partido que gobierne”. Los abogados, a nivel nacional, consiguieron que el método de pague se modificase de semestral a mensual, “pero la facturación mensual tampoco parece que ha sido efectiva”.

Valriberas ha criticado la actuación del área que dirige Pilar Llop “cada día pone más pegas y cada día exige más requisitos para poder facturar un tema”. La abogada ha puesto un ejemplo de esta situación, señalando que, “para cobrar una sentencia de un procedimiento penal de 2017, por ejemplo, y la sentencia sale en 2022, por lo que se cobra unos 60 euros, nos nos exigen que acreditemos fecha de la comisión de justicia gratuita que acordó el beneficio, fecha de la resolución de la comisión…”.

Todo ello, continúa, “teniendo en cuenta que en aquella época no estaba informatizado, todo era en papel, incluida la facturación”. Para poder hacer esto, tienen que paralizar la facturación e ir buscando las actas de esos años para poder justificar. “Cada día son más pegas”, ha reiterado. Desde 2021, según ella misma ha señalado, están ya sincronizados con el ministerio a través de PERICLES, un programa de gestión de la abogacía donde “creemos que podemos ir introduciendo más datos”.

Sin embargo, la cosa no finaliza aquí, puesto que “hay muchos asuntos que no nos quieren pagar”. Los abogados tienen que asistir “sí o sí a un detenido en el servicio de guardia, tenga o no dinero esa persona”. Esto supone estar toda la mañana en el juzgado, asistirlo en el juicio. “Si resulta que esa persona nos ha ocultado que tiene bienes o ingresos, y le deniegan la justicia gratuita, el ministerio no nos paga”, ha confesado.

Todo esto viene relacionado con lo mencionado anteriormente, donde es el Estado el que tiene que pagar, por tanto, ese servicio y rendirle cuentas a la persona defendida. “Hemos estado realizando un trabajo que después no vamos a cobrar. Es penoso y lamentable”, se ha lamentado. Siendo este también el motivo por el que han decidido concentrarse ante la Delegación, para que sus reclamaciones lleguen de forma más directa.

Manifiesto por el 12 de julio, Día de la Asistencia Jurídica Gratuita

1. El trabajo cotidiano de los 44.000 abogados y abogadas del Turno de oficio y la gestión de los Colegios de la Abogacía es absolutamente INDISPENSABLE e INSUSTITUIBLE para materializar el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en nuestra Constitución, donde reside la esencia de nuestra democracia.

2. El conjunto de la profesión percibe con profunda preocupación el MALTRATO SISTEMÁTICO del que están siendo objeto quienes, a pesar de las lamentables condiciones en que se presta, continúan haciendo realidad ese derecho esencial para que podamos reconocernos como una democracia moderna.

3. Con un SISTEMA RETRIBUTIVO DESFASADO en cuanto a sus cuantías, caótico en su estructuración territorial y a todas luces simbólico sobre el coste real del servicio, los miembros del Turno rechazan la aplicación de un reglamento que siembra la duda permanente sobre los servicios que se certifican a través de los Colegios.

4. La Justicia Gratuita no puede seguir siendo ni un solo día más la GRAN OLVIDADA de un sistema de garantías que genera nuevos derechos y obligaciones sin incorporar más medios ni mejorar las condiciones de trabajo de quienes finalmente lo hacen realidad.

5. Transcurridos 26 años desde la aprobación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, puede asegurarse que la legislación que regula este derecho necesita una URGENTE ACTUALIZACIÓN que comience por conceptos esenciales y que descanse sobre una Ley del Derecho de Defensa.

6. La permanente alusión de los poderes públicos a la necesidad de PROTEGER A LOS COLECTIVOS VULNERABLES de la sociedad no puede arrinconar uno de los servicios públicos esenciales como es la Justicia Gratuita, pues supone abandonar a su suerte precisamente a quienes se encuentran en peor situación de entre los ciudadanos golpeados por la crisis.

7. El conjunto de las instituciones colegiales exige una SOLUCIÓN URGENTE Y EFECTIVA para el abono de los SERVICIOS PRESTADOS POR EL TURNO Y NO RETRIBUIDOS como consecuencia de una mala práctica legislativa persistente.

8. Las reiteradas manifestaciones de los poderes públicos en defensa de la PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES deben ir acompañadas de una imprescindible mejora de las condiciones para quienes desde la abogacía luchan cada día por ganar terreno a su histórica indefensión.

9. Las manifestaciones políticas de compromiso y apoyo a la Justicia Gratuita que no se sustancian en un incremento de la inversión económica no hacen más que ahondar en el sentimiento de abandono que recorre la profesión y que se visualiza en el HARTAZGO de numerosos compañeros.

10. El principio constitucional de que ningún ciudadano puede afrontar un proceso legal sin contar con un abogado y que este fundamento está en el corazón del compromiso social de la abogacía NO PUE.DE UTILIZARSE COMO COARTADA PARA, APLAZAR INDEFINIDAMENTE LA DIGNIFICACIÓN DE UN SERVICIO que se percibe como de una enorme calidad y se materializa a un coste ínfimo para el Estado.