No solo el eslabón más débil

Las repatriaciones de menores realizadas en agosto del pasado año siguen dando mucho que hablar, especialmene porque existe un proceso judicial abierto en el que hasta el momento las únicas investigadas por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa son la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad, Mabel Deu.

Pese a que ambas han defendido en todo momento que las decisiones adoptadas se ejecutaron con una única premisa, la de respetar en todo momento los intereses y derechos de los menores para garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva o su entrega a una institución tutelar, parece que la Fiscalía no lo ve de esa manera y ve indicios de delito al no cumplirse con la legislación vigente pese a conocer la misma.

Pero a este respecto, hay que poner también de manifiesto el posicionamiento de Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que tras presentarse como acusación particular y reconocer que puede existir ese delito penal, también recuerda que tanto Mateos como Deu son meros brazos ejecutores de unas instrucciones dadas desde el Ministerio del Interior y otros tres ministerios más, de ahí que haya dado un paso más y que, si realmente queda constatado la ilegalidad, también exigirá responsabilidades penales para todos y cada una de las personas que formaron parte de ese procedimiento y autorizaron y ordenaron las repatriaciones, dejando entrever que no siempre la cadena se tiene que romper el eslabón más débil, por lo que si finalmente quedan demostrado estos hechos punibles, cada cual deberá responder de sus actos, no solo unos cuantos.

De todas formas, y sin llegar a valorar ni a cuestionar el posicionamiento de la Fiscalía, que seguramente habrá examinado detenidamente el procedimiento y habrá encontrado irregularidades que fundamenten el mismo, tampoco debemos dejar pasar la ocasión para poner de manifiesto que con toda seguridad, tanto Deu como Mateos actuaron, ya no solo apoyándose en ese acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007 y ordenado desde Madrid, sino pensando en lo que en esos momentos tan complicados era lo mejor para la ciudadanía de Ceuta así como para los menores marroquíes atrapados en la ciudad después de que su país los lanzara al agua engañados.

Además, tampoco podemos obviar que esta repatriación era algo que también venía demandando la ciudadanía desde la invasión sufrida entre los días 17 y 18 de mayo de 2021 y que puso en jaque la estabilidad de Ceuta.