Un decreto que apuntilla a los autónomos

Desde 2019, cuando entró con tanta virulencia la pandemia, el tejido empresarial de Ceuta ha venido sufriendo continuos golpes que han ido mermando considerablemente la economía de la ciudad. Ahora que parece que poco a poco se empieza a despegar nuevamente, que los comerciantes y autónomos empiezan a vislumbrar algo de luz al final del túnel, la CECE ha advertido de una cuestión que ha devuelto a los autónomos a la cruda realidad pero que además pone en jaque la viabilidad de muchos negocios en la ciudad.

Y es que el Gobierno de la Nación, no se sabe si por error, por no saber medir las consecuencias de sus medidas, o con el firme propósito de que ello debe ser así, aplicará desde el próximo día 1 de enero de 2023 el Real Decreto-Ley 13/2022 de 26 de julio de 2022, por el que se eliminará esa bonificación del 50% de las aportaciones de los autónomos a la Seguridad Social por contingencias comunes, lo que supondrá una grave penalización para muchos de los autónomos de Ceuta y de Melilla que van a ver incrementadas sus cuotas de cotización de manera desmesurada el año que viene, algo que a buen seguro no podrán soportar en muchos de los casos y se verán abocados al cierre, lo que generaría igualmente que la Seguridad Social deje de ingresar incluso ese al menos 50% que ingresaba, por lo que se trata de una medida que puede ser muy perjudicial, no solo para los autónomos de Ceuta y Melilla sino también para la Seguridad Social. Lo que realmente choca en esta medida que entrará en vigor a partir del próximo mes de enero, es que es totalmente opuesta a lo que persigue el Plan Estratégico Integral de Desarrollo Económico para Ceuta, donde se incluye expresamente una mejora en el sistema actual de bonificaciones a la Seguridad Social dentro del objetivo de fortalecer el desarrollo de empresas y la generación de empleo correspondiente al eje 1 del Nuevo Modelo Económico. Es por ello que, error o no, las autoridades locales, tanto desde la Ciudad Autónoma, como desde la Delegación del Gobierno, y el resto de agentes económicos de la ciudad deberían comenzar a llamar a la puerta del Gobierno de la Nación para advertir de esta situación y evitar que a partir del día 1 de enero este decreto entre en vigor, ya que será el fin para numerosos autónomos.