«Soy radical en la defensa de los valores democráticos y constitucionales y creo profundamente en el estado social y democrático de derecho»

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el cargo desde agosto de 2022, es una de las decenas de autoridades del mundo de la Justicia que se reúnen a partir de hoy y hasta mañana en Ceuta para la celebración de las XII Jornadas Jurídicas. “Un foro muy prestigioso que permite una serena de reflexión sobre lo jurídico y la justicia, en un espacio compartido de conocimiento”, tal y como describe el propio García Ortiz. El fiscal general charla con EL PUEBLO brevemente sobre el futuro del Ministerio Fiscal (tema sobre el que versará su conferencia mañana), sobre lo que supone su cargo y también sobre lo que la Justicia puede hacer por el medioambiente, tema en el que se ha centrado parte de su carrera.

• Pregunta.- Su conferencia tiene por título ‘Una visión de futuro del Ministerio Fiscal’, ¿qué futuro es ese?

Respuesta.- El futuro, sin duda, pasa por desarrollar el modelo constitucional de Ministerio Fiscal, asumiendo la investigación de los delitos y protegiendo los derechos fundamentales de la ciudadanía, en especial los derechos de las personas más vulnerables.

P.- Las jornadas Jurídicas que se celebran en Ceuta anualmente son uno de los encuentros centrales en los que se dan cita los principales actores de la Justicia actualmente en España. Últimamente ha sido foco mediático en varias ocasiones y por distintos motivos, la renovación del Tribunal Constitucional, nuevas leyes polémicas, huelga del funcionariado, ¿cómo se encuentra la Justicia en España?

R.- Hablar de la justicia en términos generales es difícil. La calidad de la justicia deben medirla los ciudadanos en cada caso concreto. Creo que tenemos unas estructuras consolidadas, un Estado de Derecho seguro y de calidad. Que hay tensión entre los poderes del Estado, es evidente, y hay reclamaciones de quienes son servidores públicos, pero eso es propio de una democracia y no es nada que el propio sistema pueda solucionar.

P.- Se usa mucho el término ‘cenicienta’ de los servicios públicos para la Justicia, ¿se ajusta a la realidad?

R.- Deberíamos ser capaces de poner en valor lo que hacemos, lo que aporta a un país la seguridad jurídica en las transacciones, en el tráfico privado, la seguridad pública en el ejercicio de nuestras libertades. Solo así conseguiremos dimensionar lo que significa una justicia bien dotada y de calidad.

P.- La autonomía e independencia de los fiscales es una cuestión debatida, casi siempre por los partidos de la oposición, a usted le llegaron a acusar de ser la izquierda más radical. ¿Hace falta modificar, acotar o regular su función en algún punto?

R.- Soy radical en la defensa de los valores democráticos y constitucionales y creo profundamente en el estado social y democrático de derecho. Las etiquetas son siempre más reveladoras de cómo es quien las pone que quien las soporta. El funcionamiento de las instituciones que conforman el estado de derecho es siempre mejorable y trabajamos por ello.

Es evidente que hay tensión entre los poderes del Estado, pero eso es propio de la democracia

P.- Pronto cumplirá un año en el cargo, aunque lleve muchos en la Fiscalía, ¿cómo valora hasta ahora su recorrido?

R.- Con un intenso compromiso y trabajo y con el convencimiento de que las reformas que estamos proponiendo a la carrera son mayoritariamente aceptadas. Y, con toda humildad, intentando poner en marcha aquellas mejoras que estén a nuestro alcance y que el tiempo nos permita realizar.

P.- En la promesa de su cargo se comprometió, entre otras cuestiones, a realizar una investigación exhaustiva de lo ocurrido en Melilla. Ya han pasado varios meses desde que se cerró el caso, ¿qué valoración hace? ¿Se diluyeron responsabilidades? ¿Se podría haber hecho más?

R.- Creo que la investigación de la Fiscal de Sala de Extranjería fue rigurosa y exhaustiva dentro de sus competencias. Las conclusiones que se extraen de ella están perfectamente descritas en el decreto de archivo. En todo caso, la discrepancia y la crítica son absolutamente legítimas y las aceptamos, la vía para acudir a los tribunales está abierta para quien sostenga otra tesis diferente a la nuestra.

P.- En su carrera el medioambiente ha ocupado un lugar importante. La preocupación por esta cuestión, ahora tras la situación que se está viviendo con Doñana por las políticas del Partido Popular en Andalucía, cada vez es mayor. ¿Es la emergencia climática una cuestión de Justicia?

R.- El derecho a un medioambiente adecuado es un bien jurídico protegido por nuestra Constitución desde hace más de 45 años, en una aproximación realmente visionaria de su importancia. Es uno de los problemas más relevantes a los que se enfrenta el ser humano. Sólo la acción concertada de la sociedad y el rigor en el control de las actividades intolerables para el medio pueden minimizar un problema, una realidad, que tiene en la defensa penal un mandato constitucional para la persecución de los delitos medioambientales.

P.- Las protestas de los activistas han variado mucho en los últimos años, ya no son actuaciones heroicas como las que protagonizaba Green Peace, buscan ser más mediáticas y lo consiguen. ¿Se puede luchar contra el cambio climático desde la Fiscalía? ¿Son suficientes las herramientas actuales para luchar y perseguir los delitos medioambientales? ¿El código penal regula bien estos delitos?

R.- Naturalmente, el derecho penal y con él la prevención general y especial de los delitos son instrumentos para la lucha contra el cambio climático y para perseguir aquellas conductas inaceptables para una sociedad. No hay que cesar nunca en la búsqueda eficaz de estos instrumentos, tanto en la detección e investigación, como en la persecución de los mismos.

La calidad de la justicia deben medirla los ciudadanos en cada caso concreto

P.- La huelga del funcionariado de Justicia promete paralizar, o al menos afectar, al correcto funcionamiento de la administración de Justicia que ya de por si es lenta, ¿cómo valora el conflicto? ¿Qué haría falta para llegar a un acuerdo entre las partes?

R.- Siempre hay un espacio para el acuerdo, sin olvidar que somos un servicio público esencial y cualquier reivindicación o respuesta a la misma debe mirar antes a la ciudadanía y al interés común, que a los intereses particulares.