CSIF exige a los partidos políticos una nueva hoja de ruta con mejoras laborales y de los servicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato representativo en las administraciones públicas, ha renovado su liderazgo en las elecciones celebradas en la Administración General del Estado a nivel nacional con un 25,5% de representatividad, por delante de Unión General de Trabajadoras, que tuvo un 19% y Comisiones Obreras (CCOO) con un 16%. La Unión Sindical Obrera se ha quedado fuera de la mesa de negociación por no alcanzar el mínimo exigido.

De esta manera, CSIF renueva por tercer mandato consecutivo como primera fuerza en la Administración General del Estado a nivel nacional en la suma tanto de personal funcionario como de personal laboral.

CSIF en un comunidado ha agradecido este jueves el respaldo obtenido por parte de los trabajadores y trabajadoras. También ha reiterado su "firme voluntad de seguir defendiendo mejoras laborales y de los servicios en las administraciones". En este sentido, CSIF ha presentado a los partidos políticos una nueva hoja de ruta con motivo de las próximas elecciones generales del 23 de julio y un pacto que permita desarrollar estos 12 ejes fundamentales.

Las peticiones más destacadas son la revisión del acuerdo salarial y equiparación de éste entre administraciones, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, el desarrollo efectivo del teletrabajo en la Administración General del Estado, además de la regulación de la jubilación parcial anticipada en personal funcionario, estatutario y aquellos colectivos cuya actividad profesional así lo recomienda.

También desde CSIF se ha pedido la mejora de las pensiones del Régimen General de Clases Pasivas y mayor financiación para las Mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), la actualización de las dietas e indemnizaciones por residencia, la Adecuación de los Grupos Profesionales conforme establece el TREBEP (Art. 76), se ha recalcado la importancia de profesionalizar la administración y garantizar su independencia, además de reducir los altos cargos y asesores. También ha hecho hincapié en la necesidad de acabar con los nombramientos a dedo y que se potencie el acceso por mérito y capacidad hasta los directores generales.

Por último, desde el sindicato también se ha destacado la importancia de garantizar una financiación pública de la educación y la sanidad, hasta un 7 por ciento del PIB y eliminar la brecha salarial, garantizar la paridad, y desarrollar los protocolos específicos contra el acoso sexual o por razón de sexo, así como revisar el pacto contra la violencia de género ante el repunte de casos y los problemas aún vigentes en la lucha contra esta lacra social.

El comunicado finaliza aludiendo al tema de desarrollar la carrera profesional y evaluar el desempeño con criterios objetivos y negociados con los sindicatos y añade que es necesario un plan de recursos humanos a medio plazo frente a la avalancha de jubilaciones que se van a producir y refuerzo de las plantillas donde sea necesario como en el SEPE, Seguridad Social, Prisiones, Sanidad, Educación, entre otros. A corto plazo, reza el comunicado, se hace precisa la aprobación urgente de la Oferta de Empleo Público de 2023, supresión de la tasa de reposición y agilización de los procesos de estabilización de plazas interinas